El secretario provincial de UGT Burgos, Roberto Gómez, ha reclamado este jueves al Gobierno de la nación y la Junta de Castilla y León la creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto, con el objetivo de evitar que las indemnizaciones dependan de largos y costosos procesos judiciales.
BURGOS, 12 (EUROPA PRESS)
En este sentido, ha explicado que este tipo de fondos ya existen en otros países europeos, como Alemania, Bélgica, Holanda, Italia y Francia y ha señalado que en el caso del Estado francés es el Gobierno central, desde 2001, el que financia este fondo en colaboración con las empresas que usaron el amianto.
"Esto demuestra lo atrasados que estamos en España respecto a la compensación y resarcimiento del daño a las víctimas del amianto"; ha aseverado Gómez en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de lamentar el "poder que han tenido y todavía tienen en España las grandes fortunas familiares construidas sobre el amianto".
Por otro lado, ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores que en la provincia de Burgos estuvieron expuestos en el pasado de forma directa o indirecta al amianto, con el fin de que se pongan en contacto con el sindicato para recibir atención especializada sobre la materia e informarse sobre el nivel de riesgo al que pudieron estar expuestos.
Asimismo, ha llamado la atención sobre los "grandes peligros" de exposición al amianto de los trabajadores de empresas que se dediquen a reformas y rehabilitación de edificios, viviendas y naves industriales y ha recordado que desde 2002 España importó cerca de 2,8 millones de toneladas de amianto que aún se encuentran instaladas en muchos inmuebles.
Finalmente, ha dado a conocer el fallecimiento de Fernando García, un trabajador expuesto al amianto en su puesto laboral desde 1967 hasta 2007 y ha lamentado que su muerte se haya producido sin que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya resuelto el recurso de suplicación interpuesto el pasado 11 de julio por UGT, al objeto de que se estableciera como responsable solidaria a la empresa Prosider Ibérica S.A., junto a la extinta Hispano Química S.A., de una indemnización por daños y perjuicios por un importe superior a los 274.000 euros.
