Economía/Macro.- Sólo un 28% de los proveedores de la Administración perciben que se han reducido los plazos de pago

El impago en el ámbito de la Administración sigue siendo más acusado que en el privado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Sólo un 28% de los proveedores de la Administración perciben un cambio efectivo en los plazos de pago, de acuerdo con la Directiva de Lucha contra la Morosidad, que obliga a que estos no superen los 30 días naturales, según el VI Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución.

Por otro lado, el 55% de estas empresas no percibe ningún cambio en los plazos de pago de la Administración y un 17% adicional reconoce los efectos de los Planes de Pago a Proveedores impulsados desde el Gobierno para liquidar la deuda antigua, pero no percibe nuevos contratos.

Así, la incidencia de los niveles de impago en el ámbito se la Administración continúa siendo más acusada en el 'busines-to-business' (B2B), donde el plazo máximo de pago es de 60 días.

De acuerdo con el estudio, el 22% de los proveedores del sector público se encuentra en zona de riesgo extremo para su supervivencia empresarial, con tasas de impago superiores al 10% de su facturación, mientras que en el B2B, esta bolsa desciende al 8% del tejido empresarial.

En este ámbito estrictamente privado, sólo el 33% de las empresas afirma operar con plazos de pago inferiores a los 60 días. Además, un 27% sigue pactando plazos por encima de 90 días.

LAS EMPRESAS NO PREVEN MEJORAS EN 2014

Las previsiones de las propias empresas de cara a 2014, año en que podría producirse la entrada en vigor de un reglamento sancionador por el incumplimiento de los plazos de pago, apenas esperan cambios: dos de cada tres empresas españolas estará por encima de los 60 días prescritos para las operaciones B2B.

En este contexto, el 81% de las empresas entrevistadas se muestra a favor de que se apruebe el reglamento sancionador para el cumplimiento efectivo del plazo de pago máximo de 60 días para el crédito comercial entre empresas. Se trata, según el informe, del porcentaje más elevado de la serie, seis puntos superior al que se registró en otoño de 2012.

Por último, Crédito y Caución señala que "ese interés de las empresas por impulsar un reglamento sancionador contrasta con la falta de aplicación de las medidas actualmente a su alcance, como la aplicación de los intereses de demora, que son utilizados como elemento de negociación para el cobro del principal.

Sólo el 10% de las empresas, un porcentaje ligeramente inferior a la oleada de otoño de 2012, los aplican siempre. Cuando finalmente se aplican, sólo el 20% de las empresas aplica los intereses reconocidos por la legislación, fijados actualmente en el 8,5%.

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