Economía.- PP y PNV acuerdan pedir al Gobierno peajes específicos para tensiones eléctricas iguales o superiores a 30kW

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP y el PNV han pactado este miércoles una moción --que será votada este jueves-- para instar al Gobierno a promover el establecimiento de peajes específicos en las tarifas de acceso para tensiones superiores o iguales a los 30kw, de tal manera que se reduzcan los costes industriales y se mejore la competitividad del sector.

El texto, derivado de una interpelación al ministro de Industria, José Manuel Soria, realizada la pasada semana, es el resultado de la propuesta original de los nacionalistas vascos junto con algunas modificaciones de los 'populares', y ha recibido además el respaldo de UPyD, CiU y el BNG, mientras que el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han abstenido.

Así, se pide al Ejecutivo que en la reforma eléctrica que actualmente está tramitando el Senado se trate de facilitar un reducción de los costes energéticos de la industria española con peajes específicos para ciertos tipos de tensión eléctrica, de tal manera que se ayude a recuperar niveles "aceptables" de competitividad industrial para que este sector gane peso en el PIB. Además, se recoge una petición expresa de "respeto escrupuloso" a las competencias autonómicas en dicha normativa.

SE ESFUERZAN POR SOBREVIVIR

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha expresado durante su intervención su "profunda preocupación por el impacto de la regulación eléctrica sobre la actividad económica y sobre muchas empresas industriales", dado el papel "clave" que juega la energía en la competitividad industrial.

"No somos unos inconscientes y sabemos que hay que afrontar el grave problema del déficit de tarifa, y que su solución será en todo caso conflictiva. Pero planteamos simplemente que tales medidas no afecten a la competitividad de muchas empresas que, con esta profunda crisis, están haciendo enormes esfuerzos simplemente para sobrevivir. Solucionar el déficit de tarifa, sí, pero sin destruir empresas y empleos en un momento tan delicado como éste", ha pedido.

Por eso, ha valorado el acuerdo alcanzado con los 'populares' que, si bien supone "sacrificar la intensidad" de sus propuestas iniciales, "mantiene lo esencial de la moción" y permitirá superar, entre otras cosas, la "cuestión determinante" del "sobrecoste excesivo" que pagan las empresas vascas por esta conectadas a tensiones superiores a los 30mW mayoritariamente.

El 'popular' Eugenio Azpiroz, por su parte, se ha congratulado de la voluntad de alcanzar acuerdos para atajar el problema eléctrico y superar el "lastre financiero" que supone el déficit de tarifa, principal causa a su entender de la pérdida de competitividad industrial.

"La reducción del déficit de tarifa debe hacerse, pero de forma que no se afecte a la competitividad del sector industrial. Comparto la clara preocupación que esto significa para el tejido industrial de toda España, y también para la ciudadanía. Por eso hay que buscar el razonable punto de encuentro y el equilibrio necesario para tener un sistema financiable, sostenible y con futuro", ha añadido.

LA INDUSTRIA MERECE UN "TRATO DE FAVOR"

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también respalda la propuesta, argumentando que dado que la industria es hoy por hoy "el único sector que tira de la economía productiva" debería dársele un "trato de favor" en lugar de "perjudicarle trasladando a los costes industriales decisiones políticas nefastas que están en el origen del déficit de tarifa".

En este sentido, ha acusado al Gobierno del PP del "increíble desbarajuste extremo" del sector eléctrico, que ha intentado resolver con "chapuzas permanentes y constantes" sin que ello haya evitado un "deterioro de la actividad industrial". No obstante, se ha referido a la apelación al respeto de las competencias autonómicas señalando que "eso no ayuda en nada" a resolver este problema dado que "tampoco el Gobierno vasco tiene una política industrial llena de éxitos".

El diputado de CiU Toni Picó ha justificado su apoyo a la moción en la necesidad de atajar el "alto coste que la reforma energética tendrá en un sector vital para el impulso de la economía y el empleo" y en que reclama "medidas para fomentar la competitividad". "Un proyecto de política económica orientado a la exportación como el actual requiere indudablemente atención especial al sector industrial y energético, y el Gobierno no parece tener en cuenta esta perspectiva", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado que se realice un "riguroso ejercicio de análisis del impacto económico que las medidas energéticas aprobadas por el Ejecutivo tendrán en el sector industrial", algo que "sorprendentemente" no se ha hecho.

Rosana Pérez, del BNG, cree que "una de las consecuencias más negativas del tótum revolútum" de reformas legislativas que está promoviendo el Gobierno es el incremento de la factura eléctrica que están "padeciendo empresas y ciudadanos". "Bajo la disculpa del déficit tarifario, la reforma eléctrica perjudica desde hace tiempo a millones de consumidores y a miles de empresas, en un momento económico en que sería necesario mayor apoyo para su sostenibilidad económica y aumentar su competitividad", ha añadido.

HACE FALTA UNA SOLUCION MAS GLOBAL

Por contra, el socialista Pedro Sánchez cree que la moción es "a todas luces insuficiente" para alcanzar el "objetivo encomiable" que se plantea de hacer que el sector eléctrico sea competitivo y ayude a la economía, ya que no parte de un diagnóstico correcto del problema y olvida el "problema clave" de la "alta dependencia" energética del exterior a la par que "penaliza a las fuentes que trabajan por una mayor autonomía" como las renovables o el autoconsumo.

"Tratar de unir esta reforma energética con la competitividad es un oximoron. Es imposible aumentar la competitividad de la industria aumentando los precios de la luz o recortando la competencia. Así que si queremos de verdad apoyar al sector industrial habrá que hacer otra ley del sector eléctrico", ha añadido, pidiendo la retirada del texto actual que está en el Senado.

Por eso, el PSOE aboga por reducir la dependencia energética, mejorar los niveles de seguridad jurídica, reducir el déficit tarifario "pero no a caponazos, sino actuando sobre el origen", y hacer que la factura baje tanto para familias como para empresas mediante el "fomento de la competencia en el sector".

De parecida opinión es Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, quien también rechaza la reforma eléctrica del Gobierno, que "maltrata y discrimina" a la ciudadanía con los aumentos de precio y los "límites" al autoconsumo, al "olvidar el concepto de acceso a la electricidad como un bien público".

Por eso, a su entender hay que plantear un cambio "integral" de todo el sistema partiendo de una auditoría eléctrica para "resolver el fondo de los costes que se pagan" y plantear un "mix más limpio y renovable" y medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética como elementos que también contribuyen a la competitividad. "

"Compartimos la necesidad de apoyar a la industria para salir de la crisis, pero no puede ser que la solución para la industria sea a costa de que toda la ciudadanía subvencione sus costes energéticos. Hemos de encontrar un equilibrio, y parte de las medidas deben ir al ahorro y la eficiencia energética, porque si no será pan para hoy y hambre para mañana", ha concluido.

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