Economía/Fiscal.- IU propone revocar la licencia a los bancos que no colaboren con Hacienda

Plantea un impuesto sobre pernoctaciones turísticas de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del nivel y categoría del hotel

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida ha presentado este viernes sus propuestas para la financiación de una salida social de la crisis a través de una reforma fiscal "justa y progresiva", con ideas como prohibir que las entidades nacionalizadas puedan hacer operaciones con paraísos fiscales o revocar la licencia a los bancos o entidades emisoras de tarjetas que se nieguen a colaborar con la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

IU ha presentado estas ideas en el marco de una Jornada parlamentaria sobre Fiscalidad celebrada en el Congreso a través de un documento que plantea, además de lo ya mencionado, aplicar el Plan de Acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios de las multinacionales, así como trabajar para lograr un acuerdo en el seno de este organismo internacional que permita obtener automáticamente información mercantil o tributaria de quienes tienen bienes o derechos en paraísos fiscales. En la misma línea, se reclama una comprobación generalizada del origen de los fondos aflorados en la 'amnistía fiscal'.

La formación también propone modificar la legislación de las SICAV para extender al 5% el máximo de participación en el capital a todas las modalidades de sociedades de inversión, de tal manera que se evite el control por parte de un individuo o grupo. Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones deberían contar con un año para alcanzar ese porcentaje.

También se pide derogar la previsión normativa aprobada por el actual Ejecutivo para que quien regularice su situación tributaria 'motu proprio' quede exento de responsabilidad y de multa, endurecer el delito fiscal y reformar la Agencia Tributaria, ampliando sus recursos y optimizando su gestión, así como fijando objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía sumergida.

FISCALIDAD MAS PROGRESIVA Y JUSTA

Con respecto a los cambios puramente fiscales, IU propone eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales o del juego, y limitar las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados que "beneficia exclusivamente a las rentas elevadas" y del sistema de módulos a los dos primeros años de actividad, a los beneficios "de subsistencia" y a las actividades destinadas a un consumidor final y no a otra empresa.

Asimismo, se plantea derogar el régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a España, que "no ha beneficiado más que a los jugadores extranjeros de fútbol y los directivos de grandes multinacionales", derogar la subida del IVA y reclasificar algunos de sus tipos, y hacer definitivo el incremento del IRPF porque es "perfectamente asumible" y "mejora la progresividad" del impuesto.

Asimismo, sugiere integrar en la tarifa general del IRPF los rendimientos de capital, incluidas las plusvalías generadas en menos de dos años --seis años si son inmuebles--, considerando como rentas del ahorro sólo las plusvalías a medio y largo plazo.

En relación con el Impuesto de Sociedades en particular, se plantea un tipo del 35% para bases superiores al millón de euros, que "pueden realizar un esfuerzo suplementario", así como limitar las bonificaciones y deducciones a un máximo del 3% de la base y a otro 5% complementario vinculado y proporcional a la creación de empleo estable. Además, se debería limitar la compensación de bases imponibles negativas a los periodos no prescritos.

De este modo, argumenta IU, se evitaría que las empresas grandes acaben tributando a un tipo efectivo muy inferior al nominal e incluso más bajo que el de las pymes.

NUEVOS IMPUESTOS

El documento de Izquierda Unida recoge también las propuestas de nueva fiscalidad que a lo largo de la legislatura ha ido plantando a través de iniciativas parlamentarias. En concreto, se pide un gravamen sobre Bienes Suntuarios (de lujo), otro sobre Transacciones Financieros que sea sustituido por el que se acuerde a nivel europeo, y otro sobre la Riqueza que reemplace al de Patrimonio, con mínimos exentos similares pero tipos efectivos superiores.

Además, se reclama un impuesto sobre pernoctaciones en establecimientos turísticos de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del nivel y categoría del establecimiento, elevar al 100% de recargo el IBI para viviendas vacías, y elevar al 0,2% el tipo del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, con la posibilidad de que las comunidades puedan establecer recargos.

Con respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se plantea suprimir las actuales exenciones, fijar una tarifa general de 50 euros anuales y del 1 por mil hasta un millón de euros de negocio, y modularlo según la repercusión medioambiental de la actividad.

FISCALIDAD VERDE

Este mismo criterio de fiscalidad verde, que según IU "podría tener una incidencia global neutra sobre la recaudación", se propone también a los tipos máximo, mínimo y supletorio del IBI en función de la eficiencia energética, a los vehículos de tracción mecánica según su potencia y emisiones de CO2, las plusvalías municipales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

No obstante, sería necesario también crear gravámenes adicionales sobre la energía nuclear, el vertido e incineración de residuos, las bolsas de plástico de un solo uso, el cambio de usos del suelo y las sustancias de elevado nivel de preocupación,

Izquierda Unida precisa además que todas estas modificaciones tributarias deben legislarse y aplicarse desde un planteamiento "coherente y funcional" con un modelo federal, de tal manera que se proteja la igualdad de los ciudadanos y las empresas en todo el territorio y que se garantice la "equivalencia" de los servicios públicos recibidos.

En este sentido, se debe definir correctamente el principio de suficiencia para comunidades autónomas y ayuntamientos, de modo que se "evite el austericidio y la destrucción del Estado social", hay que promulgar "urgentemente" una Ley de Financiación Local, se deben revisar las tasas y precios públicos con criterios de progresividad e incluyendo exenciones para parados, y las tasas de basuras deben hacerse obligatorias en todos los municipios.

Para ello, el papel del Senado tanto para la coordinación fiscal como para la necesaria "consorciación de las administraciones tributarias" sería fundamental. Y, en todo caso, es necesario "evitar la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio".

OTROS CAMBIOS

El documento de IU recoge finalmente otros cambios macroeconómicos y presupuestarios que redundarían en una mayor progresividad fiscal, comenzando por la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como incorporar a la Carta Magna el principio de garantía del gasto social en derechos constitucionales como la educación, la vivienda, la salud o las pensiones, en correspondencia con el principio de suficiencia fiscal.

Además, es necesario aprobar un Plan de Impulso del Empleo y Desarrollo de la Economía Productiva Sostenible con una financiación condicionada equivalente al 2% del PIB entre 2014 y 2019, establecer una renta básica nacional, auditar la deuda pública ilegítima y los avales gratuitos del Estado a actividades privadas, revisar todos los contratos y licitaciones para rebajar los precios a cambio del pronto pago, introducir criterios de transparencia y control del Gasto en la Ley de Contratos de la Administración, e incluir a la Casa Real y al Banco de España en la Ley de Transparencia.

Asimismo, se reclama una Agencia de Control de la Calidad y Eficacia Social del Gasto Público y aprobar un Plan de Ahorro de Insumos con incentivos para los funcionarios.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky