Economía/Finanzas.- El exdirectivo de JP Morgan acusado de falsear cuentas se niega a ser extraditado a Estados Unidos

La actuación de Martín-Artajo, conocida como 'la ballena de Londres', habría provocado un agujero de 800 millones de dólares

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El exdirectivo del banco JP Morgan Javier Martín-Artajo, reclamado por Estados Unidos por falsear presuntamente las cuentas de la entidad, se ha negado a ser extraditado durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según informaron fuentes jurídicas.

Martín Artajo, que apenas ha estado cinco minutos ante el magistrado, ha argumentado que los hechos que se le imputan habrían ocurrido en el Reino Unido y que habría más implicados en la operación, conocida como 'la ballena de Londres' y que provocó pérdidas a la entidad de cerca de 800 millones de dólares.

Asistido por dos abogados y en presencia del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, Martín-Artajo también ha alegado que tiene arraigo en España, al tiempo que ha pedido al juez instructor que solicite a Estados Unidos documentación relativa al caso.

Si el juez acuerda esta diligencia tras dar traslado al fiscal, las autoridades norteamericanas tendrán 30 días para remitirla. En caso contrario, el caso se elevará a la Sala de lo Penal para que celebre una vista en la que se analice la procedencia de extradición.

DELITOS POR LOS QUE ES RECLAMADO.

El juez Santiago Pedraz dejó a Martín-Artajo en libertad con medidas cautelares el pasado 27 de agosto. En octubre pasado el Consejo de Ministros aprobó continuar el trámite de extradición, al que Estados Unidos reclama por delitos relativos al mercado y a los consumidores, delito societario, estafa y falsedad documental. Además, Martín-Artajo solicitó sin éxito al Supremo la suspensión cautelar de este acuerdo.

Según el Ministerio de Justicia, el reclamado era jefe de Operaciones de Crédito y Capital de la Oficina Principal de Inversiones (CIO) de la firma JP Morgan Chase & Co., que mantenía una cartera de crédito --denominada SPC-- que contaba a principios del año 2012 con una suma neta de 50.000 millones de dólares.

OCULTAR PERDIDAS

Martín-Artajo, en su condición de corredor de valores, se encargaba de ajustar al mercado diariamente los libros de operaciones de la SCP y de determinar el valor justo de mercado de los valores. Esos ajustes eran posteriormente convertidos en parte de la contabilidad y los registros de la entidad.

Durante el primer trimestre de 2012, las autoridades estadounidenses sospechan que Martín-Artajo instruyó a otras personas para que ocultaran las crecientes pérdidas de las SCEP que gestionaba.

La Justicia estadounidense estima que él y su cómplice manipularon los ajustes para disfrazar pérdidas de unos 767 millones de dólares. Estos informes y ajustes manipulados fueron utilizados por los empleados del banco para preparar los anuncios al público de las ganancias trimestrales.

Provocaron así que la firma hiciera presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores, presentando también información inexacta de sus ganancias en varios documentos.

COMPARECIO EN AGOSTO

El juez Pedraz le puso el pasado 27 de agosto en libertad después de que manifestara su negativa a ser extraditado a Estados Unidos y aportara documentos para acreditar su arraigo en España.

Durante la comparecencia ante el magistrado, que se prolongó cerca de una hora, el español negó los hechos que se le imputan y aportó documentación sobre las propiedades que posee en España para acreditar su arraigo en el país. Además, mostró una fotocopia concerniente a la comparecencia de su subordinado Bruno Iskil ante el fiscal estadounidense en la que colaboraba con la Justicia e implicaba a Martín-Artajo.

El operador Iksil logró que las autoridades de Washintgon retiraran los cargos contra él, mientras los presentaban contra su compañero Julien Grout y contra el español, entonces responsable de la Oficina de Inversión Principal (CIO) del banco en la City.

Pedraz le puso en libertad, de acuerdo con la petición del fiscal, y acordó su prohibición de salir del territorio nacional sin autorización, junto a comparecencias quincenales ante la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio.

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