Economía/Laboral.- UGT denuncia que el reintegro de 'moscosos' no es completo y se hace a cambio de más carga de trabajo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

UGT denuncia que el reintegro por parte del Ministerio de Hacienda de tres días de libre desposición, habitualmente llamados 'moscosos', a los funcionarios de la Administración de Justicia no devuelve a estos trabajadores a la situación previa al decreto de julio de 2012 en el que fueron suprimidos, pues entonces contaban con nueve de estos días, que quedaron reducidos a tres. Además, el sindicato señala que esta concesión se realiza a cambio de una mayor carga de trabajo.

Concretamente, Hacienda ha aprobado a través de una instrucción la concesión desde esta semana de tres días 'mosocosos' adicionales a los funcionarios de Justicia, que no serán acumulables a las vacaciones y cuyo disfrute estará supeditado "a las necesidades del servicio", de forma que cuando por esta razón no pudieran disfrutarlos dentro del año natural, el margen para su uso se ampliará hasta el 31 de enero del año siguiente.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Justicia de UGT, Victoria Carrero, ha explicado que, antes de la publicación del decreto 'antidéficit', los funcionarios de Justicia contaban con nueve días 'moscosos', frente a los seis con los que contaban en la Administración General del Estado (AGE).

Esto era así, según señala Carrero, porque Hacienda había otorgado con anterioridad tres 'mosocosos' más en el caso de la Administración de Justicia en lugar a cambio de no aplicar una nueva subida salariales en este ámbito.

Tras el decreto 'antidéficit', ambos ámbitos de la administración quedaron igualados con tres días de libre disposición, de modo que los funcionarios de Justicia perdieron hasta seis días 'moscosos'. Así, los tres días que ahora se reintegran en Justicia "no son una devolución real", sino la mitad de los días suprimidos a estos trabajadores, según Carrero.

UGT señala además que estos tres días 'moscosos' adicionales se conceden a cambio de una sobre carga de trabajo, ya que ante una baja de un funcionario, Hacienda establece un plazo de tres meses para poner en su lugar a un empleado interino.

Según la instrucción aprobada por el Ministerio de Hacienda, esta medida tendrá "carácter provisional" mientras persistan las dificultades y restricciones presupuestarias en la administración y no supondrá, en ningún caso, la amortización de plazas.

En cualquier caso, las misma instrucción señala que "es necesario introducir en la gestión de este personal medidas incentivadoras que, además de reconocer las peculiaridades del trabajo en la Administración de Justicia, vengan a compensar el mayor esfuerzo que están realizando estos funcionarios en estos momentos de dificultades presupuestarias".