Economía

El Gobierno destina hoy 1.300 millones a las CCAA para políticas activas de empleo

  • Los fondos se repartirán conforme a objetivos
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes asignaciones económicas a las Comunidades Autónomas de algo más de 1.300 millones de euros correspondientes a las políticas activas de empleo para 2013.

El Consejo de Ministros estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros de su gabinete.

El presidente del Gobierno ya avanzó el pasado martes en el Senado la aprobación de esta partida para políticas activas de empleo. Las Comunidades Autónomas se repartirán así algo más de 1.300 millones de euros destinadas a medidas para facilitar que se encuentre un nuevo empleo.

La cantidad que aprobará el Ejecutivo corresponde a los fondos del presente ejercicio, 2013, y su reparto se realizará atendiendo a los criterios que se establecieron en la correspondiente conferencia sectorial.

Reparto por objetivos

Por primera vez, los fondos se repartirán conforme a objetivos, ya que el 15% del importe total está ligado a la consecución de las metas comprometidas por las autonomías en 2012, una cifra que el año que viene se elevará hasta el 40%. Rajoy ya anunció el pasado martes, ante el pleno del Senado, que el Gobierno aprobaría hoy el reparto de ese fondo.

Asimismo, el Consejo de Ministros tomará en conocimiento del Plan de Racionalización Normativa y se establecerán los trámites necesarios para su ejecución.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría ya destacó la necesidad de tener un sistema normativo más claro y coherente en el marco de la reforma de las administraciones públicas.

Para ello, explicó que habría una Plan de Racionalización Normativa para adaptar las normativas vigentes a la nueva ley sobre la unidad de mercado. En ese contexto, informó de que el Gobierno trabajaba en el establecimiento de un sistema de fecha común de entrada en vigor de aquellas normas que se modifican frecuentemente, principalmente las que afectan al ámbito fiscal.

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