Economía.- El Estado ha ahorrado 5,5 millones desde que prohibió compatibilizar indemnización y salario a altos cargos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Estado ha ahorrado más de 5,5 millones de euros entre julio de 2012 y septiembre de 2013 gracias a la decisión del Gobierno de prohibir que los altos cargos de la Administración compatibilicen pensiones indemnizatorias con otro tipo de ingresos por vía de retribuciones públicas o de algunos salarios privados.

Así lo asegura el Ejecutivo en respuesta al diputado 'popular' Rafael Merino, que en una pregunta parlamentaria se interesó por conocer el ahorro conseguido con la aplicación de esta medida, incluida en el decreto ley de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado en julio de 2012 y que, entre otras iniciativas, incluía la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios el año pasado o la subida del IVA.

En la respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo señala que, a 19 de septiembre de 2013, la incompatibilidad entre pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que perciben determinados ex altos cargos de carácter básico con la percepción de otros ingresos ha permitido ahorrar 5.533.455,78 euros.

INCOMPATIBLE PARA TODOS

El objetivo de dicha incompatibilidad era que las indemnizaciones o compensaciones por cese sólo se percibiera en el supuesto de que los altos cargos de cualquier Administración pública --incluidos diputados nacionales y autonómicos, concejales y miembros de los órganos constitucionales-- no realicen ninguna otra actividad remunerada pública o privada.

Así, el decreto ley establece que las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica por cese en cualquier cargo público son incompatibles con las retribuciones con cargo a los Presupuestos públicos, de los órganos constitucionales, que resulte de la aplicación de arancel o que provengan de una actividad privada, salvo las previstas en la Ley de regulación de conflictos de intereses.

Además, estas prestaciones por indemnización o cese también son incompatibles con la percepción de una pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

De este modo, los altos cargos cuentan con un plazo de quince días desde su cese para comunicar al Ministerio de Hacienda o al órgano competente de la Administración autonómica o local su opción entre el cobro de las compensaciones o de la retribución por la actividad que estén desempeñando o de la pensión de jubilación, en cada caso.