El Ministerio de Hacienda quiere aprobar antes de final de este mes de octubre el tercer y último plan de pago a proveedores que contará con una dotación próxima a 7.500 millones de euros, que se destinarán fundamentalmente a liquidar la deuda comercial de las comunidades autónomas.
Tras el éxito de los dos planes anteriores, que han servido para reducir muy sensiblemente la morosidad de los ayuntamientos, el objetivo del departamento que dirige Cristóbal Montoro es saldar la totalidad de la deuda comercial autonómica como paso previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el período de medios de pagos.
Dirigentes empresariales que valoran muy positivamente la aprobación del nuevo plan, consideran también que para las empresas "es vital que se liquiden a las empresas las cantidades del plan todavía vigente antes del cierre del ejercicio en curso, para que las sociedades españolas puedan cumplir también con sus proveedores extranjeros.
Como en los planes precedentes, el dinero se habilitará mediante emisiones de crédito para las entidades solicitantes que, en esta ocasión tendrán un tipo de interés del 5,2 por ciento y la intención del Ejecutivo es dar prioridad en los pagos pendientes a empresas de educación, sanidad y construcción, siendo este último sector el que acumula un mayor volumen de impagados.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 habilita ya una partida de 5.900 millones para la dotación del Fondo de financiación de los pagos a proveedores. Cuantía que fuentes próximas al Ejecutivo es susceptible de ser ampliada mediante los ingresos procedentes de las devoluciones de los anteriores planes de pago a proveedores.
Adelanto de devoluciones
Indican a este respecto que la mayor parte de los ayuntamientos que se acogieron a estos planes están adelantando las devoluciones e, incluso, algunos como el de Toledo, entre otros, han dejado el marcador a cero. También han reducido en un mes sus plazos de pago con los proveedores, que han pasado de 157 días de media en mayo a 127 días en la actualidad, aunque todavía están muy lejos de los 30 días de plazo máximo que marcan la Ley de Morosidad española y la directiva europea antimorosidad.
Una mejora sensible en abono de facturas y en plazos de pago que las asociaciones empresariales y de autónomos explican no por el saneamiento de las cuentas locales sino por una reducción drástica de la contratación. "Muchos ayuntamientos llevan ya dos años sin contratar", afirman.
En el conjunto de los dos tramos del último plan de pago a proveedores se han abonado casi cuatro millones de facturas pendientes de 43.699 proveedores de las comunidades autónomas por un importe de 18.643 millones de euros. Además, se ha efectuado el pago de 1,8 millones de facturas pendientes de 116.645 proveedores de entidades locales, cuyo importe asciende a 9.801 millones de euros
Los datos del último informe sobre la morosidad de las administraciones públicas elaborado por el Observatorio de la federación de autónomos ATA, eleva a 4.824 millones de euros la deuda que las administraciones públicas españolas mantienen con los autónomos. A esta cantidad hay que sumar las facturas pendientes con las empresas, especialmente con las pymes.
El Estado tampoco cumple la ley de morosidad