
El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha reclamado a la compañía gallega 9,3 millones de euros, lo que le convierte en uno de los diez mayores acreedores no bancarios de la empresa, a la que ha dejado al borde la quiebra. El empresario gallego, que está imputado ya por falseamiento de información económico financiera, falseamiento de cuentas, estafa y uso de información relevante, podría ser acusado también de alzamiento de bienes, según un auto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 6 de septiembre tras descubrirse que estaba intentando evadir 5,2 millones de dólares (4 millones de euros) a China.
Antes de presentar en marzo el preconcurso de acreedores, Fernández de Sousa vendió un 7% de la compañía -redujo su participación hasta el 7,4%- sin comunicarlo a la CNMV, tal y como establece la Ley del Mercado de Valores y ocultándoselo además al consejo de administración para mantener la mayoría en el mismo. Por aquella operación, que se realizó en varias fases, se embolsó 32 millones de euros.
El expresidente alegó ya entonces que había hecho un préstamo a la compañía, de la que ahora se declara acreedor, y que aunque había sufrido con ello fuertes pérdidas lo había hecho para "poner su patrimonio a disposición de la sociedad con el fin de resolver los urgentes problemas de liquidez".
En quiebra técnica
Lo que entonces no dijo, y se ha sabido después, a raíz no sólo del informe de Deloitte, sino también de la auditoría forense que hizo KPMG y de las investigaciones llevadas a cabo por la Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, es que ocultó un desfase patrimonial en la empresa de más de 1.667 millones de euros y una deuda de 3.674 millones, lo que la deja en situación de quiebra técnica.
Eso, además, de haber falsificado presuntamente facturas y contratos por todo el mundo, de dejar a la empresa con sólo 30.000 euros en tesorería y 7 millones en las cuentas corrientes en los bancos, de contabilizar como dinero en caja descubiertos por 73 millones de euros y, lo que quizás es más grave, de haber puesto durante los últimos años todo su patrimonio a nombre de su mujer para evitar un posible embargo, tal y como, de hecho, ha sucedido.
De momento, el juez Eloy Velasco, en sustitución de Pablo Ruz, dictó ya a comienzos de septiembre un auto en el que ordenaba el bloqueo de todas sus cuentas. Pero su mayor problema es que, tras no haber podido hacer frente a la fianza impuesta -350 millones en total si se incluye la caución fijada a sus distintas sociedades patrimoniales-, la Audiencia podría dictar en cualquier momento el embargo preventivo de todos sus bienes.
Al margen de los bancos y de las propias sociedades filiales del grupo, Sousa figura como el noveno acreedor de la empresa en la lista que ha elaborado Deloitte, pero es muy poco probable que pueda cobrar algún día lo que reclama. Y si lo lograra podría ser embargado de forma inmediata.
Cerca de 500 acreedores
El informe concursal incluye, al margen del expresidente de la multinacional gallega, una lista de acreedores que se eleva a casi 500 y entre los que figuran más de un centenar de entidades financieras, organismos públicos o mixtos y proveedores, que tendrán que asumir una quita importante.
El actual presidente, Juan Manuel Urgoiti, la ha elevado hasta el 75%, aunque la banca acreedora, encabezada por Sabadell, Bankia, Popular, NGC Banco, Santander, BBVA y Caixabank, se han opuesto de forma frontal, exigiendo capitalizar deuda. De momento, el empresario, que declaró el año pasado unas pérdidas brutas de algo más de un millón de euros en Inverpesca, una de sus sociedades patrimoniales, logró ya con ello que Hacienda le devolviera 275.000 euros.
Lo llamativo es que, pese a los números rojos, la firma, también bajo investigación judicial, ha amortizado la totalidad de su deuda, que se elevaba a 31,3 millones el año anterior. Y eso mientras que Pescanova se hundía en pérdidas, con una deuda insostenible, y quedaba al borde de la liquidación, con más de 10.000 puestos de trabajo en peligro.
No hay que olvidar que en 2011 fueron además los problemas financieros personales de Fernández de Sousa para atender los créditos con la banca, los que provocaron que se desprendiera entre diciembre de 2012 y enero de este año de la mitad de su participación en la compañía. Su futuro puede decidirse ahora en cuestión de semanas.