Economía

La economía sumergida cuesta a Hacienda 80.000 millones anuales

  • La defraudación en materia laboral equivale a ocultar un millón de empleos

El 18,6% del PIB, o lo que es lo mismo, unos 200.000 millones de euros anuales. Esa es la magnitud a la que el prestigioso informe anual de Friedrich Schneider eleva el volumen económico de la economía sumergida en España en 2013, incluyendo el empleo no declarado y el registro inadecuado de ingreso por ventas o prestaciones de servicios. Descargue con un solo click la nueva edición de elSuperlunes.

Una tasa de fraude que, aún situándose en la media europea, supera ampliamente el registro de los países de referencia de la UE, como Alemania, Francia y Reino Unido, con tasas del 13% para el país germano y del 10% para galos y británicos.

Aparte de esta diferencia en volumen, otro factor que diferencia la economía sumergida en España del resto de la mayoría de sus socios en la UE es el elevado peso del fraude en materia laboral, que se estima en torno al 8 por ciento del PIB, equivalente a ocultar un millón de empleos a tiempo completo.

Impacto en los ingresos

Una cifras de defraudación que tienen un fuerte impacto en pérdida de recaudación fiscal, hasta el punto de que el informe sobre la economía sumergida que se incluye en el último boletín del Servicio de Estudios de La Caixa, calcula que la erradicación de la economía sumergida acarrearía un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales. Un importe "notable, si se tiene en cuenta que, en 2012, el total de impuestos y contribuciones sociales pagados en España fue de 347.000 millones de euros.

Estas cifras resultarían del objetivo casi utópico de la erradicación total de esta lacra de la economía sumergida. Pero el mismo informe de La Caixa apunta que "si partimos de una corrección más realista, por ejemplo de una reducción del peso de la economía sumergida hasta el equivalente alemán (del 18,6 al 13 por ciento del PIB), se afloraría una recaudación de entre 18.000 y 20.000 millones de euros.

Ello ayudaría sensiblemente a acortar la distancia con la zona euro en términos de recaudación fiscal sobre el PIB, que en España es de sólo el 33 por ciento, frente al 42 por ciento de media en los países de la moneda única.

A la vista de las magnitudes señalas, los autores del informe concluyen que , "en un contexto de crisis económica y con la imperiosa necesidad de consolidar las cuentas públicas, es evidente que esa menor recaudación fiscal derivada de la economía sumergida es un lastre para la economía española".

La carga fiscal en el origen

Respecto a las causas que impulsan a empresas, trabajadores y consumidores a ocultar su activad el estudio de La Caixa apunta "dos terminantes clave": la carga fiscal y la intensidad regulatoria del país. Asimismo, el fraude "será más o menos probable en función de tres factores adicionales: la posibilidad de que la práctica sea detectada y sancionada, sancionada, el grado de aceptación social de las prácticas sumergidas y la facilidad para incurrir en dichas prácticas.

Respecto a este último aspecto, los autores destacan que resulta más fácil, por ejemplo, en una economía con escaso recurso a las transacciones electrónicas (ver gráfico) o en sectores como la construcción o el comercio que, a diferencia de otras actividades como los servicios financieros o los suministros, tienden a una mayor utilización de efectivo en las transacciones comerciales.

En el caso español, y para determinar cuales son los factores más relevantes que impulsan la actividad defraudadora, uno de los pocos estudios empíricos disponibles, el de Schneider y Buehn, correspondiente al ejercicio de 2012, relaciona el relativamente abultado tamaño de la economía sumergida española con la excesiva e ineficiente regulación en un ámbito muy concreto: el mercado laboral.

A cierta distancia de esa sobrerregulación laboral, también identifican el nivel de imposición indirecta y la imposición personal (no estudian el impacto del impuesto de sociedades) como factores que incentivan la ocultación de actividades en España. Asimismo, establecen que el grado de aceptación social de las prácticas fraudulentas es un factor relevante, aunque mucho menos que las variables laborales y fiscales.

En base a estos estudios, el análisis del Servicio de Estudios de La Caixa concluyen que "aunque la motivación explícita no es la lucha contra la economía sumergida, parece indudable que la simplificación de los trámites administrativos y tributarios minora los incentivos a la actividad no regulada", por lo que recomienda, incidir en las medidas de simplificar el entorno legal empresarial.

Descargue con un solo click la nueva edición de elSuperlunes.

WhatsAppTwitterTwitterLinkedinBeloudBeloud