Economía.- PP acepta las solicitudes de comparecencia de Báñez en el Congreso porque ya tiene previsto acudir el jueves

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP aceptará este martes las dos solicitudes de comparecencia de la ministra Fátima Báñez, en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo del Congreso que había presentado el PSOE porque la titular de Empleo ya tenía previsto pasar por sede parlamentaria este jueves para hacer balance de la reforma laboral, incluyendo referencias a los temas que habían motivado la solicitud de la oposición.

Así lo ha anunciado en la Diputación Permanente de la Cámara Baja la portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Alvarez-Arenas, que ha anunciado que se aceptan las peticiones de comparecencia "porque la ministra ya comparece a petición propia el jueves y hablará (de la ultraactividad de los convenios y del buzón contra el fraude laboral), entre otras cosas, ya que están recogidas en la reforma laboral".

En cualquier caso, la diputada ha aprovechado para criticar la "demagogia verbal permanente" de la oposición en sus referencias al buzón puesto en marcha por el Ministerio para recoger información ciudadana sobre posibles casos de fraude a la Seguridad Social, defendiendo la legalidad de la medida.

"Me resulta paradójico que desde algunos ámbitos se denuncie siempre la precarización de las relaciones laborales y que hay miedo entre los trabajadores para denunciar y, cuando la Inspección pone en marcha una nueva herramienta informática moderna para facilitar la información, se critique", ha dicho.

"ES UNA FORMA DE COOPERAR"

Así, Alvarez-Arenas ha insistido en que este nuevo mecanismo no tiene nada que ver con las denuncias que, según está recogido en la Ley de la Inspección Laboral, deben recoger la identificación del denunciante e ir firmadas. "Nadie admitirá una denuncia que no sea así", ha asegurado.

"Diferente es la información, que también se recibe en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en muchas otras partes de la Administración. Es una forma de cooperar, pero no significa que sea una denuncia. Y estaremos de acuerdo en todo lo que sea favorecer la lucha contra el fraude, porque imagino que nadie está de acuerdo con que un empresario desaprensivo falsee contratos y que haya trabajadores que los acepten para defraudar al sistema público en el cobro de prestaciones", ha lanzado a las formaciones de la oposición.

Con respecto a las críticas sobre el fin, el pasado 7 de julio, de la ultraactividad de los convenios denunciados, la portavoz del PP ha defendido que ésa era sólo "una de las fórmulas para que la negociación colectiva sea un instrumento positivo para las relaciones laborales y no un obstáculo para adaptarse a las realidades económicas y a las necesidades productivas de cada empresa".

PSOE: EL BUZON NO TIENE CABIDA EN LA LEGALIDAD

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez, que insiste en que la Ley General de la Inspección no permite tramitar anuncias anónimas y que ha acusado a la ministra Báñez de "vulnerar la legalidad" con este buzón de "delaciones anónimas" y "chivatazos".

"Y Báñez ha incumplido el mandato legal precisamente el mismo día en que presenta los resultados del último plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social. Su explicación en la rueda de prensa fue que este buzón es la guinda para complementar ese plan. La realidad es que es un torpedo de profundidad contra el plan, contra los sistemas de colaboración y coordinación de las instituciones del Estado en la lucha contra el fraude, y de los sistemas de Inspección, que ya realizan su trabajo bajo el principio de confidencialidad", ha añadido.

Además, Gutiérrez ha acusado al Gobierno de "trasladar a la sociedad que los sistemas que ampara la ley" para detectar el fraude laboral "no funcionan y que por eso se ponen mecanismos fuera de la legalidad basados en el chivatazo", así como dar la impresión de que "no se está garantizando la confidencialidad" en las denuncias. "Y eso es muy grave, porque socava la credibilidad de la Inspección y resta eficacia y efectividad a su actuación", ha avisado.

Por último, la socialista ha explicado que también hace falta que Báñez dé cuenta de los efectos que la eliminación de la ultraactividad en los convenios colectivos ha tenido en la protección de los trabajadores ya que, aunque "ha habido avances", aún quedan más de 1,3 millones de trabajadores pendientes de renovar más de 1.300 convenios.

IZQUIERDA PLURAL: SE INTENTA "CRIMINALIZAR" AL TRABAJADOR

Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, ha acusado al Gobierno de practicar una política de "criminalización" de los trabajadores, a los que se acusa implícitamente de que la crisis del estado del bienestar se debe a sus "vulneraciones" de las normas y no a los recortes.

Por eso, ha rechazado la puesta en marcha del buzón contra el fraude que, a su entender, "no tiene sustento legal" porque "la Inspección ya tiene prevista la denuncia pero fundamentada con nombres y apellidos, aunque sea confidencial". "Debe ser la Inspección la que persiga el fraude, y no los ciudadanos. Aquí se propone una delación en secreto", ha criticado, anunciando su apoyo a la petición.

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