MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) enviará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas originales de miles de instalaciones fotovoltaicas, pertenecientes a sus asociados, para que la Administración pueda conocer, "con absoluta fidelidad", el coste real que supusieron estas inversiones.
La patronal considera "absolutamente innecesario y una burla" hacia el sector destinar un millón de euros para la contratación de tres consultoras, supuestamente independientes, con el objeto de que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que determinarán a partir de ahora las retribuciones a percibir por las instalaciones fotovoltaicas españolas.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró en vigor el 14 de julio, y el Real Decreto sobre regulación de las renovables, que está en trámite, fijan un supuesto retorno de la inversión del 7,5% teniendo en cuenta toda la vida regulatoria, "una medida claramente retroactiva cuyo finalidad real es reducir por quinta vez en tres años las retribuciones de las plantas fotovoltaicas, que ya soportaban un merma de hasta el 40% de sus ingresos", subraya la patronal.
Así, Anpier considera que una previsible valoración a la baja del precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de financiación, supondrá "el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones y la ejecución por parte del banco de las garantías, los hogares de las 55.000 familias inversoras en el 80% de los casos".
Además, destaca que este tipo de disposiciones retroactivas generan "una inseguridad jurídica alarmante para la inversión y cuestiona la seriedad del Reino de España", que ya tiene abiertos dos arbitrajes en materia de inversiones renovables interpuestos por 14 grandes fondos internacionales de inversión, además de las miles de reclamaciones judiciales por parte de las familias españolas productoras.
Por otra parte, Anpier critica que tanto el ministro de Industria, José Manuel Soria, como el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han impulsado un cambio retroactivo "radical" del marco regulatorio del sector renovable español a golpe de Real Decreto Ley y Orden Ministerial, en contra de lo que habían declarado anteriormente.
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