BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha anunciado este lunes su intención de revisar el plan del regulador italiano de telecomunicaciones (AGCOM) para cambiar los precios mayoristas actuales de banda ancha, ante la duda de que este sistema pueda "limitar la capacidad" de los operadores de planificar y fijar sus tarifas en Italia.
Bruselas ha indicado que en los próximos tres meses trabajará en colaboración con AGCOM para modificar su proyecto, porque, ha dicho en un comunicado, el Ejecutivo comunitario está empeñado en que los reglamentos sean "transparentes" y garanticen a los actores económicos la "previsibilidad" y la "estabilidad" necesaria para su planificación.
"Si los operadores no pueden planificar las tarifas que quieren ofrecer a sus clientes, corren el riesgo de ver cómo su actividad se ve seriamente comprometida", explica en su comunicado la Comisión.
La principal preocupación de Bruselas es que AGCOM emplee los análisis de mercado "más recientes y fiables" para fijar las tarifas, al tiempo que explica que los actores económicos en Italia consideran que "sólo un análisis profundo de los mercados de banda ancha, a partir de datos comerciales actualizados, justificarían un cambio en los precios mayorista para 2013".
SUSPENDE PROPUESTA LUSA.
Por otro lado, la Comisión también ha actuado este lunes en el mercado de telecomunicaciones portugués al suspender una propuesta del regulador luso (ANACOM) con medidas correctoras en el mercado de terminación de llamadas con teléfono fijo.
Bruselas mantiene una "grave preocupación" por el contenido de esta propuesta porque no incluye una obligación de acceso completo, en especial en la interconexión con redes IP, lo que comprometería la resolución rápida de problemas de acceso, porque con ello impediría al consumidor realizar llamadas a otras redes.
El plan, además, permitiría a los operadores de líneas fijas rechazar o diferir el acceso a una parte de su red, con el objetivo de eliminar del mercado a sus competidores directos.
El regulador portugués dispone ahora de tres meses para negociar con Bruselas y con el órgano de reguladores europeos (ORECE) una solución.
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