El futuro de Alitalia se ha convertido en una cuestión de estado en el país transalpino y, para Silvio Berlusconi, recientemente elegido primer ministro del gobierno italiano, parece casi una cuestión personal. Después que Bruselas expresara su malestar por el préstamo de 300 millones concedido por el Ejecutivo saliente, ha exigido a la CE que "ayude" y "no cree dificultades".
Compañía "de bandera"
Ante la posibilidad de que la Comisión Europea (CE) tache de "ayuda estatal" la línea de crédito concedido a Alitalia, Il Cavaliere ha señalado que "ahora ponen trabas, pero la Unión Europea debe ayudar en las cosas correctas y no crear dificultades".
Berlusconi manifestó que no está "preocupado" porque el préstamo puente era "lo único que se podía hacer", teniendo en cuenta que "no se podía permitir que Alitalia fuera absorbida por los franceses", en alusión a KLM-Air France. "Nosotros tenemos que tener nuestra compañía de bandera", recalcó el futuro presidente del Gobierno.
Escenario claro
La Comisión Europea informó ayer de que solicitará "en los próximos días" a las autoridades italianas información complementaria sobre el crédito puente a Alitalia para aclarar las "dudas" sobre "si se trata realmente de una medida comercial o si podría considerarse como ayuda de Estado".
Dichas "dudas" manifestadas por Bruselas con respecto a este plan para salvar de la quiebra a la compañía aérea se centran "en la naturaleza misma de las medidas" avanzadas por el Gobierno italiano. En este sentido, la Comisión explicó que quiere "que el escenario esté claro antes de tomar decisiones".
Por su parte, el Ejecutivo saliente, comandado por Romano Prodi, aseguró que enviará la documentación en un plazo máximo de diez días.
Ryanair acusa
El malestar acerca de la estrategia llevada a cabo por Italia ante la situación de Alitalia no ha sido expresado sólo por Bruselas. Ayer, la compañía de vuelos de bajo coste irlandesa Ryanair acusó a Bruselas de permitir ayudas "ilegales" al grupo italiano.
Según denunció la low cost, Alitalia ha recibido más de 5.000 millones de euros en ayudas ilegales estatales que "se burlan" de las normas comunitarias.
