La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han insistido este miércoles en que el decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, tendrá un "impacto negativo" en la estabilidad financiera en España y en la actividad del banco malo que gestiona los activos inmobiliarios (Sareb).
En concreto, afirma que la Sareb, el conocido como "banco malo", se enfrenta a "incertidumbres jurídicas" derivadas del plan andaluz, que podría tener un impacto negativo en su actividad, tanto directo por las sanciones por casas vacías (calculadas en 200 millones de euros), como indirecto por reducir el apetito inversor y por consiguiente deteriorar el valor de la cartera de la entidad.
En su tercer informe sobre la marcha del rescate bancario español, publicado este miércoles, Bruselas muestra una vez más su preocupación sobre el decreto andaluz contra los desahucios ante el temor de que las sanciones por las casas vacías y las expropiaciones temporales a los bancos para evitar desahucios en situaciones vulnerables puedan poner en peligro los objetivos del programa de rescate bancario y ahuyentar a los inversores.
De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, aproximadamente el 10% de la cartera de activos transferidos a la Sareb se encuentra en Andalucía (6.000 viviendas), que se suman a 17.000 hogares con hipotecas que respaldan un préstamo.
Ahuyentar a los inversores
"Los efectos indirectos pueden incluir una reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como un deterioro en el valor de las carteras de activos inmobiliarios de los bancos y de la capacidad de los bancos de colocar en los mercados cédulas hipotecarias", subraya el informe.
En contraste con el decreto andaluz, la troika avala las medidas adoptadas por el Gobierno central para frenar los desahucios por considerar que "no es probable que reduzcan los incentivos de los deudores para pagar sus hipotecas y tengan consecuencias graves para la estabilidad de los bancos". No obstante, reclama "vigilar de cerca" el resultado de la aplicación de esta legislación.
La Comisión y el BCE resaltan que "es esencial que las medidas de reparto de la carga se completen y finalicen como está previsto", es decir, que se apliquen a los preferentistas las quitas que impone el rescate bancario. Estas quitas han reducido en casi 13.000 millones de euros los costes del rescate bancario, según los cálculos de Bruselas.
No obstante, el informe avisa de que "los resultados de los procesos de arbitraje sobre ventas abusivas podrían representar una carga financiera adicional para los bancos", aunque admite que "el impacto final en términos de capital es difícil de estimar". El memorándum de entendimiento prohíbe que las compensaciones se paguen con ayudas del fondo de rescate, por lo que son los bancos o el Estado español los que deben asumirlas.
