
El Gobierno prepara una reforma fiscal que afectará a todos los impuestos del actual sistema, también a los autonómicos y locales. Con ella dará el pistoletazo de salida a otra de las reformas clave de esta legislatura, la del sistema de financiación autonómico, que deberá entrar en vigor en 2015. De hecho, fuentes del Ministerio de Hacienda inciden en que hoy en día no se puede pensar en los impuestos en España sin tener en cuenta su traslación a los territorios.
Ayer se reunió por primera vez la comisión de expertos encargada de elaborar un informe sobre esos cambios tributarios que adoptará nuestro país. El encuentro sirvió para fijar la metodología de trabajo y la distribución de tareas entre los nueve expertos que trabajarán para presentar sus conclusiones antes del 28 de febrero del año que viene.
Una vez que el grupo de sabios, presidido por el catedrático de Hacienda Pública, Manuel Lagares, haga público su dictamen, el Gobierno abrirá un debate con los grupos y con los agentes sociales. En todo caso esos trabajos estarán conectados tanto con la Comisión Europea, como con el Fondo Monetario Internacional, según explicó Cristóbal Montoro.
Entrará en vigor en 2015
Esta comisión de expertos, presidida por el catedrático Manuel Lagares, tendrá que plantear su propuesta antes del 28 de febrero de 2014, para que el Gobierno presente su reforma a lo largo del año y entre en vigor en 2015. El ministro Cristóbal Montoro aseguró que los principios que deben inspirar ese cambio deben ser la suficiencia, la eficiencia y la equidad para garantizar la recaudación, el buen funcionamiento del sistema y la contribución al mismo en función de la capacidad económica.
Por su parte, Lagares confió en que la reforma ayude a simplificar las figuras tributarias y para impulsar la igualdad y la progresividad. Así, el país podrá adaptarse a las consecuencias de la crisis y de la globalización, ya que, en su opinión será un cambio dirigido a generar crecimiento económico y empleo. Con esa idea, los trabajos de la comisión comenzarán de inmediato y su inicio coincide en el tiempo con una renovación de la cúpula de la Agencia Tributaria (Aeat).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció ayer el cese de cinco directores, apenas unos días después de que se anunciase la dimisión de la directora del organismo, Beatriz Viana. El pasado 28 de junio, el Gobierno anunció su relevo por Santiago Menéndez, después de que el organismo atribuyera de forma errónea a la Infanta Cristina trece operaciones inmobiliarias, en el marco del caso Nóos, en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarin.
Relevos en la Agencia
En concreto, han sido relevados de su cargo la directora del Departamento de Recaudación, Ana Fernández-Daza, cargo que asumirá Soledad García López; la directora del Departamento de Gestión Tributaria, María Ángeles Fernández, que será relevada por Rufino de la Rosa y la directora del Departamento de Recursos Humanos, Sara Ugarte, cuyo puesto pasará a ocupar José Rufas Vallés.
También abandonan su puesto el delegado central de Grandes Contribuyentes, Ángel Mariano Serrano, que será sustituido por Ignacio Huidobro Arreba, y Francisco Muñoz, responsable del Gabinete del director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cargo que ocupará Daniel Gómez Aragón. A todos, la Agencia Tributaria les agradece "los servicios prestados" en los respectivos comunicados del BOE.
Al mismo tiempo, el organismo anuncia el nombramiento de Margarita García-Valdecasas Salgado como inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), cargo que ostentaba hasta ahora el propio Santiago Menéndez.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confían en que los cambios supongan "un punto de inflexión en la politización del organismo". En su opinión, deberán servir para acabar con las actuaciones y embargos mediáticos, así como con las prácticas que han dañado la imparcialidad de la institución. Al mismo tiempo, ven la renovación como un acicate para mejorar la asistencia al contribuyente.