El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado hoy que el segundo pago de la operación de proveedores, por valor de 1.200 millones de euros, se va a hacer efectivo antes de que termine este mes de julio.
Según asegurado, ya se ha formalizado la operación con la banca y la financiación "ha salido a un precio francamente reducido", lo que permitirá que llevar a cabo esta "gran operación que contribuirá a que aquellos que han trabajado para la administración cobren aquello que se le debe". En concreto, la financiación se ha obtenido al precio de Tesoro más 80 puntos básicos, lo que ha calificado de "coste bajo".
Beteta ha reiterado el interés del Gobierno por terminar con la morosidad de las administraciones públicas. Se va a reformar la Ley de Estabilidad "para que tenga la misma protección constitucional que el déficit público o la deuda pública" y que no pagar las facturas en los 30 días de periodo medio de pago tenga consecuencias.
Pagos más ágiles
El secretario de Estado ha subrayado que las medidas que se van tomando suponen "un auténtico cambio cultural" para terminar con "retrasos endémicos de muchas administraciones públicas". "Ahora será imposible, porque serán sujetos de las actuaciones que la ley indica, entre otras, que sea el Estado quien pague directamente la factura del proveedor y se reste de la participación en los ingresos del Estado", ha expuesto.
Con esa operación, "la agilización en los pagos va a estar no sólo garantizada por la ley, sino también financiada económicamente por la banca con el apoyo del conjunto de las administraciones públicas y una norma que obligará a que sólo se gaste lo que se tiene y que se pague todo lo que se gaste", ha explicado en declaraciones en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Preguntado por la reforma local, Beteta ha precisado que el Ejecutivo sigue estudiando con todos los equipos técnicos las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración y ha asegurado que se mantiene la fecha del 19 de julio para su debate y aprobación en el Consejo de Ministros.
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