El desafío: ¿cómo se puede recolocar a más de un millón de inmigrantes ilegales?

Paro. Es la primera palabra en la mente de todos cuando sobreviene una crisis. Y paro, sobre todo, en la construcción, el epicentro del pinchazo económico que vive el país y que amenaza con prologarse, al menos, unos tres años más. Servicios de estudios como el del BBVA y la propia patronal CEOE ya ponen cifras: sólo en este sector se podrían llegar a perder hasta 800.000 empleos en el próximo año y medio como consecuencia del parón inmobiliario.

Una de las recetas del Ejecutivo, aprobada junto con otras medidas de choque, es un plan de recolocación que prevé actuar sobre medio millón de estos desempleados dándoles, entre otras cosas, orientación profesional para aumentar sus posibilidades de inserción. Una orden ministerial desarrollará el plan para que pueda entrar en vigor en menos de un mes.

Pero para entonces el Gobierno tendrá que plantearse, si es que no lo ha hecho ya, qué hacer con los inmigrantes que, en situación irregular, han estado entrando al país los últimos años y ocupando puestos en este sector sin contrato de trabajo. La reflexión es simple: mientras se levantaban pisos y había trabajo, no había problema, pero ¿qué pasará ahora que el mercado se ha desinflado?

Pero es que la realidad es mucho más difícil de digerir cuando se considera el dato de que más de un millón de trabajadores podría estar en situación de ilegalidad en nuestro país. Un informe del Real Instituto Elcano, elaborado por Carlos Martín, del gabinete técnico de CCOO, pone de manifiesto que "a finales del primer semestre de 2007 se habían acumulado en España 1.100.000 extranjeros extracomunitarios en edad de trabajar (entre los 16 y 64 años) sin autorización de trabajo".

Si tenemos en cuenta que, según los datos dados a conocer ayer por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a marzo de 2008 había afiliados a la Seguridad Social 2.078.714 trabajadores extranjeros, esto supone que de cada dos legales hay uno ilegal sin posibilidad alguna de recolocarse en otro sector dado que carece de algo tan esencial como su vinculación al sistema.

¿Cómo gestionar el problema?

Martín argumenta en su informe que "un importante volumen del flujo de inmigrantes que ha llegado a España se ha incorporado al mercado de trabajo desde la irregularidad". De hecho, año tras año, el porcentaje de extranjeros que entra en el país con autorizaciones previas de trabajo ha sido históricamente bajo: el 34 por ciento en 2002, el 18 por ciento en 2003, el 41 por ciento en 2004, el 20 por ciento en 2005, el 25 por ciento en 2006 y el 32 por ciento en 2007.

Existen además evidencias del empleo irregular existente en España si se cruzan las cifras de entradas de extranjeros que se instalan en el país con los permisos de trabajo concedidos año a año. El dato más reciente, de 2006, recogido en el citado informe, reflejaba que el número de extranjeros ascendía a 802.971, y que el número de permisos descendía a 117.500. Una importante diferencia que se traduce, como dice Martín, "en un aumento de la bolsa de trabajadores extranjeros en situación irregular".

Lo cierto es que éste es un tema difícil de gestionar por cuanto que la inmigración irregular que accede a nuestro país llega por las vías regulares de transporte; sólo un escaso 5 por ciento lo hace a través de pateras o cayucos. Este flujo, además, se ha demostrado fácil de ordenar. El último balance de la lucha contra la inmigración ilegal de 2007 puso de evidencia que la llegada de extranjeros por medio de embarcaciones descendió un 24 por ciento en Península y Baleares, y más de un 60 por ciento en Canarias.

Sin protección familiar

Y lo más dramático de la situación es que nos encontramos ante un colectivo de trabajadores inmigrantes que, a consecuencia de un modelo de integración basado en la irregularidad, como apunta Martín, se encuentra desprotegido ante una crisis económica.

Y es que a la desprotección en la que ya se encuentran los trabajadores inmigrantes sin derecho a paro, porque han cotizado por pocos meses (en el caso de los recién regulados) o no lo han hecho en absoluto, se suma la falta de una red familiar que les apoye.

Un complicado círculo al que por el momento sólo se da respuesta con las declaraciones de ayer de Corbacho, que aludían a la posibilidad de facilitar el retorno de aquéllos que voluntariamente decidan regresar a su país. Y es que lo más importante es cómo se gestiona socialmente esto.