El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera necesario "ir más allá" en la reforma laboral española para generar empleo y apuesta por "alinear" los costes del despido para los contratos indefinidos con la media de la Unión Europea y que se incrementen de forma más gradual con la antigüedad, así como reducir el número de contratos, ampliar el uso del nuevo contrato a emprendedores y reducir el margen de interpretación judicial de los despidos colectivos.
El FMI, que realiza estas conclusiones en su informe sobre la economía española correspondiente al artículo cuatro, afirma que el progreso en España en la reducción de la "perniciosa" brecha entre contratos permanentes y temporales ha sido "insuficiente", y añade que la probabilidad de encontrar un trabajo fijo continúa siendo "demasiado baja" y la de perder uno temporal "demasiado alta".
Aunque destaca que la reforma laboral del pasado año ha supuesto mejoras "sustanciales" y está teniendo ya un impacto positivo, indica que la "dinámica" del mercado de trabajo necesita mejorar para reducir suficientemente el desempleo. Por ello, además de reducir el coste del despido y los contratos, el FMI también pide nuevos instrumentos para que las empresas se ajusten modificando las condiciones laborales y no mediante despidos.
Descuelgues en los convenios
De esta forma, afirma que podrían necesitarse "reformas más profundas" en la negociación colectiva y, entre tanto, dice que las herramientas actualmente disponibles podrían "fortalecerse", especialmente mediante la simplificación de los procedimientos de descuelgue.
Para mejorar las oportunidades de empleo y ayudar a los desempleados a encontrar trabajo, el FMI señala que se necesitan mejores servicios de colocación y formación. En concreto, subraya que para determinados grupos de parados, como jóvenes y trabajadores de baja cualificación, pueden ser necesarias unas políticas "más ambiciosas" para reducir el coste de su contratación, como introducir rebajas fiscales.
Para el FMI, unos avances más rápidos en el impulso de la competencia y en el clima de negocios complementarían la reforma laboral reduciendo los precios y estimulando el empleo. Así, establece como prioridades una la Ley de Unidad de Mercado "ambiciosa", reducir las barreras regulatorias que impiden el crecimiento de las empresas, eliminar la indexación de los precios públicos y encontrar una solución "duradera" al déficit de tarifa eléctrica. "Para identificar prioridades futuras y generar consenso, podría ser útil crear una comisión de crecimiento independiente", reitera.
Reducción de cotizaciones sociales
Por último, afirma que se debería explorar un mecanismo que permita adelantar las ganancias de empleo derivadas de las reformas estructurales que incluyera dos elementos: el compromiso de los empresarios de generar "incrementos significativos" de empleo a cambio de la aceptación por los sindicatos de una "significativa moderación salarial" y algunos incentivos fiscales a través de una "reducción inmediata en las cotizaciones sociales compensada por incrementos de la imposición indirecta en el medio plazo".
"Los retos para todas las partes involucradas son enormes y será crucial evitar que el planteamiento quede diluido o que las reformas estructurales necesarias sean retrasadas", concluye el FMI en sus recomendaciones a España sobre la reforma laboral.
Actuaciones urgentes para generar crecimiento
El FMI ha destacado el "importante progreso" en las reformas en España pese a las "fuertes condiciones adversas", pero ha incidido en que son necesarias "actuaciones urgentes para generar crecimiento y empleo" e "ir más allá" en algunas de las medidas adoptadas.
"El fuerte progreso de las reformas está ayudando a estabilizar la economía, y los desequilibrios exterior y fiscal se están corrigiendo rápidamente. Sin embargo, el desempleo se mantiene inaceptablemente alto y las perspectivas siguen siendo difíciles. Esto requiere actuaciones urgentes para generar crecimiento y empleo, tanto por parte de España como de Europa", señala el FMI en su análisis de la economía española.
El Fondo reclama a España que cumpla con su programa anunciado y se centre en una estrategia "favorable al empleo" que permita a la economía crecer y generar puestos de trabajo, así como que evite utilizar la esperada mejora económica como argumento para ralentizar el esfuerzo de reformas.
"Esto significa apoyarse en los progresos realizados para que la mayor parte del ajuste se realice en términos de precios y no de cantidades, favorecer el desapalancamiento del sector privado, asegurarse de que los bancos pueden conceder crédito a las empresas sanas y minimizar el lastre al crecimiento derivado de la inevitable consolidación fiscal", agrega.
En este sentido, incide en que la consolidación fiscal requerida ha de ser "tan gradual y favorable al crecimiento como sea posible", ya que un ajuste demasiado rápido dañaría el crecimiento, y muestra su respaldo a los nuevos objetivos marcados. Por ello, subraya que, suponiendo que se logra la consolidación estructural en marcha para 2013, "no resultan deseables medidas adicionales para 2013".
Detallar los objetivos fiscales
Aún así, advierte de que será "crucial" detallar cómo se lograrán estos objetivos y aboga por que los objetivos nominales (y, si es necesario, estructurales) sean flexibles en caso de que el crecimiento no alcance el nivel previsto por el Gobierno. "Cuanto más creíble sea el plan de consolidación, tanto mayor será el margen de flexibilidad con los objetivos", agrega.
En esta línea, considera que el "alentador" progreso en las reformas fiscales debe ser complementado con una "legislación ambiciosa y una aplicación rigurosa". En concreto, propone reforzar el Consejo fiscal independiente con un mandato no renovable para su presidencia de cinco años o más y realizar mejoras adicionales en la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, defiende que la propuesta del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones proporciona "un marco sólido".
Asimismo, insta a seguir adelante con la creación de un panel de expertos sobre la reforma fiscal y la financiación de las autonomías y con una revisión del gasto que abarque diversos niveles de las administraciones para localizar sinergias, favorecer una provisión más eficiente de los servicios públicos y permitir identificar medidas de fomento del crecimiento.
El FMI también considera necesario unos presupuestos más centrados en el medio plazo y una consolidación de los diversos documentos presupuestarios en uno solo que comprenda el conjunto de las administraciones públicas, reconcilie los cambios en los presupuestos de años anteriores y muestre claramente el impacto de cambios de las políticas.
Respecto al desapalancamiento del sector privado, considera que hay margen para suavizar el proceso de ajuste y mejorar el régimen de insolvencia. En concreto, sugiere eliminar las trabas para la pronta refinanciación/reestructuración de empresas viables, agilizar la liquidación de las empresas no viables, fortalecer la capacidad de los juzgados mercantiles y establecer un marco que favorezca los acuerdos extra judiciales para pymes.
A nivel personal, aboga por realizar "progresos adicionales" en las medidas para abordar las dificultades financieras vinculadas a las hipotecas de primera vivienda, como, por ejemplo, introducir un régimen de insolvencia personal, con condiciones estrictas, que preserve la cultura de pago.
En cuanto al sector bancario, remarca que las prioridades incluyen continuar con el refuerzo de la calidad y la cantidad del capital, incluyendo una prudencia elevada en la distribución de dividendos; el saneamiento de las carteras de préstamos y el fomento de la venta rápida de activos deteriorados, además de eliminar cualesquiera restricciones de oferta.
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