El Gobierno intenta conjurar un dictamen de la troika que saque punta a los retrasos en las reformas españolas con un acelerón de última hora a la del sector público. Máxime con los dos días de cancha que ha dado el retraso, del lunes a hoy, de las conclusiones del informe del FMI sobre España, que no se espera en absoluto demoledor pero sí revelador de lo que a España le queda por hacer. De ahí el anuncio apresurado del presidente, Mariano Rajoy, sobre la presentación, hoy, del informe de auditoría sobre la reforma de las Administraciones.
Una acción que suena aún más a premura si tenemos en cuenta la proximidad del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio, al que Rajoy debe presentarse con una imagen de cumplimiento para lograr de Europa, siempre de Europa, su actual meta prioritaria para apuntalar la recuperación: el crédito para las pymes, la empresa tipo que conforma el tejido productivo español y cuya suficiencia financiera vía crédito procedente de Europa sanearía indirectamente a la debilitada banca española, no sólo por obtener las empresas los recursos del exterior, sino por aligerar la mora de nuestras entidades.
Consciente de que cualquier veredicto negativo sobre el avance en las reformas puede despertar a la temida prima de riesgo y sabedor del descontento reinante en Berlín respecto de que el Ejecutivo español no acometa más subidas de impuestos ni redimensione el sector público casi dos años después de ganar las elecciones, se ha impulsado una reforma de la Administración que incluso toma la delantera a la del ámbito local, que tras más de medio año sigue sin cerrarse.
Urge probar cumplimiento
Las recientes reuniones técnicas con la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- hacían intuir nuevas críticas sobre la marcha del calendario reformista. Y el Gobierno sólo tenía el ámbito energético, que aguarda medidas inminentes, y el del sector público como argumento para convencer de lo contrario, habida cuenta de que ha negado nuevas alzas fiscales al margen de las esperadas, de que el informe de los expertos sobre pensiones ya se encuentra en los derroteros del Pacto de Toledo y de que en reforma laboral no va a hacer nada hasta tener la evaluación que sobre ella se efectúe a finales de año.
Fuentes parlamentarias relatan a elEconomista que el presidente quiere llevar al Consejo Europeo hechos concretos para pedir que el banco de Fráncfort siga manteniendo el grifo que sujeta la prima y con el fin de obtener financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), amén del apoyo al empleo juvenil también procedente de las arcas europeas.
La estrategia de Rajoy con el acelerón a la reforma del sector público se plasma, además, en la reciente alocución del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el lunes, en Santander, donde presentó una imagen del ajuste atribuida al ahorro en las Administraciones aún pendientes de reforma. Una forma de aplacar el tirón de orejas que desde Europa se da a España cuando se examina el comportamiento del gasto.
Cambios de calado
La reforma de la Administración, cuyo informe se da a conocer hoy, nace con vocación de cambio profundo. Fuentes próximas al Gobierno advierten de que se tratará de una modificación de calado. La auditoría de las Administraciones que hoy presenta Rajoy en una gran escenificación oficial, con 70 cargos autonómicos y empresariales, es un voluminoso informe de unas 2.000 páginas elaborado por la Comisión para la Reformas de las Administraciones Públicas (Cora) durante siete meses. Incluye propuestas legislativas, un calendario de aplicación hasta 2015 y busca abaratar costes y racionalizar actuaciones.
De momento, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer, durante unas jornadas del sindicato CSI-F, una nueva ley de la Función Pública y un Estatuto del directivo público que llene el "vacío legal" en el "limbo" de estos profesionales. Manifestó que será una normativa "ambiciosa, quizá un pelín revolucionaria". Se basará, dijo, en "potenciar la figura de los empleados públicos" redefiniendo su régimen y dando un "soporte jurídico definitivo a los funcionarios" de modo que se sienten las bases para la modernización de la Administración General del Estado.
Además, Beteta indicó que la reforma de la Administración Local, actualmente en el Consejo de Estado, será enviada al Congreso en los primeros días de julio. Y recalcó, en consonancia con las peticiones de Europa, que la lucha contra el déficit obliga a tomar "decisiones sobre el gasto público".
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, pidió al Gobierno que aproveche esta ocasión para modernizar las estructuras e impulsar la eficacia, la eficiencia y la transparencia, amén de luchar contra la politización de las Administraciones.
Con este bagaje acudirá el Gobierno al próximo Consejo Europeo, pero antes la UE volverá a dar cuenta de sus proyectos y peticiones en el Eurogrupo y el Ecofin de mañana y pasado. De hecho, el viernes los ministros de Finanzas de los Veintisiete pedirán a España que suba el IVA de algunos productos y los impuestos a los carburantes, una de las figuras cuya alza se da por descontada, amén de otros gravámenes especiales.
Moncloa deja sin fecha la reforma de las AAPP
