La reforma de las Administraciones Públicas no avanza, pese a que fue una de las primera medidas anunciadas por el Gobierno el año pasado. En las 192 páginas del Programa Nacional de Reformas, enviado ayer a Bruselas, el Ejecutivo no detalla aún el impacto en conjunto de la medida ni cuándo comenzará a implementarse, mientras que sí recoge los efectos que los ajustes o las subidas de impuestos tendrán a lo largo de éste y de los próximos ejercicios.
Un único aspecto de la ley se escapa de la falta de concreción general y es el relativo a la reforma de los ayuntamientos. Así, el texto especifica únicamente que el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que será remitido al Congreso en julio, supondrá un ahorro estimado de 8.000 millones de euros entre 2014 y 2015.
El texto incide en que, con el objetivo de profundizar en la eficiencia de las Administraciones y reducir su coste sin afectar a los servicios prestados, el Gobierno creó una comisión para la Reforma de las Administraciones Pública (CORA).
Sin embargo, el plan remitido a la Comisión Europea tan solo se hace eco de cuál es el trabajo de las subcomisiones que la integran (la de duplicidades, la de simplificación administrativa o la de gestión de servicios y medios comunes) y sitúa en el 30 de junio de este año el límite para que presenten su informe sobre el funcionamiento del actual modelo. Una vez más, la creación y el trabajo de las comisiones se impone a los hechos y las decisiones concretas que, en este caso, se aplazan sine die.
Efectos de los ajustes
La falta de concreción en todo lo relativo a la Reforma de las Administraciones contrasta con los datos que el Gobierno sí facilita sobre otras medidas que sí han ido entrando en vigor. El Ejecutivo admite que España tendrá que pagar un precio importante por los ajustes, los recortes y las subidas de impuestos que se han puesto en marcha en el último año. Las medidas impuestas por Bruselas restarán casi 2,6 puntos al PIB y 1,9 puntos al empleo a lo largo de 2013 y sólo tendrán un impacto positivo en el largo plazo, en algunos casos después de una década.
El Plan hace hincapié en que entre 2012 y 2013 se han puesto en marcha medidas de consolidación fiscal equivalentes a 6 puntos del PIB, unos 60.000 millones de euros, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Estas decisiones recortarán el déficit en 4 puntos porcentuales, pero su efecto será pernicioso en el más corto plazo sobre la economía y tendrán un efecto mayor este año sobre el crecimiento y sobre el empleo. Sólo a partir del cuarto año desde su entrada en vigor los recortes de gasto y las subidas de impuestos empezará a ser positivo.
La subida del IVA
Uno de los ejemplos más evidentes de ello es la subida del IVA que Hacienda puso en marcha el pasado mes de septiembre. El Plan Nacional de Reformas estima que el aumento de este tributo reducirá tres décimas el PIB en 2013 y más de medio punto en 2014, al tiempo que mermará el empleo un 0,27 por ciento este año y un 0,61 por ciento el próximo. Más aún, de aquí a la próxima década, el incremento del IVA reducirá seis décimas el crecimiento y tendrá un impacto de 0,34 puntos en el empleo. El Gobierno añade en el texto que esta medida deberá acompañarse de una "reducción de la carga soportada por el trabajo" para fomentar el crecimiento y compensar este efecto negativo, sin dar más detalles.
Moncloa estima que el plan de proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) elevarán un punto el PIB en un año y un 1,3 por ciento en diez ejercicios. A esto añade que su impacto sobre el empleo será de ocho décimas en un sólo año y de 1,2 puntos en diez.
Reformas en materia laboral y vivienda
El Ejecutivo pone en valor los efectos de la Reforma Laboral, de la que prevé una aportación positiva a la economía de 0,17 puntos en un año y de 4,55 puntos en una década, aunque lo más destacado de esta medida es que, según cálculos oficiales, tendrá un impacto en el empleo de 4,16 puntos en un sólo ejercicio y de 9,82 puntos a largo plazo, a partir de los diez años de su entrada en vigor.
Las medidas puestas en marcha sobre el mercado de la vivienda, como la reforma del alquiler y el fomento de la rehabilitación, elevarán la actividad cerca de medio punto tanto a corto como a largo plazo, sin embargo su impacto en el mercado de trabajo no será tan acusado.
Más deslucida queda, de acuerdo con las cifras que el Gobierno facilita a la Comisión, la estrategia de Emprendimiento y Empleo joven, que apenas tendrá un impacto de una décima en el empleo a lo largo de este ejercicio.
Otro de los aspectos más relevantes del plan tiene que ver con las expectativas de la reforma financiera. El Ejecutivo defiende que a corto plazo va a servir para elevar el crédito en 1,8 puntos, frente a las advertencias de la propia banca de que el grifo permanecerá prácticamente cerrado este año.
Por último y en lo relativo a los cambios y reformas en el Sistema de Pensiones, con inciciativas como el desarrollo del factor sostenibilidad y otras puestas en marcha desde 2011, el Gobierno estima que aportarán 0,24 puntos al PIB en el primer año y 0,48 puntos en el segundo. En términos de empleo, este impacto será de 0,37 y 0,731 puntos, respectivamente.
Los ajustes restarán 2.6 puntos al PIB
