El Gobierno ha decidido retirar de la Ley Emprendedores el artículo por el que se creaba en España el Sistema Nacional de Inteligencia Económica (SIE), que se incorporará ahora a la nueva Ley de Seguridad Nacional que el Ejecutivo quiere aprobar antes de final de año.
El control y dirección de este organismo pasará a ser competencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de presidenta del recientemente creado Consejo de Seguridad Nacional en caso de ausencia del presidente del Gobierno.
La vicepresidenta, que recientemente asumió también la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, refuerza así su poder en el seno del Gabinete de Mariano Rajoy, dado que el proyecto inicial de creación del SIE, incluido en la citada Ley de Emprendedores, encomendaba la dirección de este organismo al Ministerio de Economía, a través de dos juntas interministeriales, presididas por los secretarios de Estado de Economía y de Comercio. La primera encargada de prevenir y responder a los riesgos financieros del Estado y la segunda de apoyo a las empresas españolas en el exterior.
Fuentes próximas a la Presidencia del Gobierno consideran que es "más lógico y congruente que un órgano de seguridad se articule en su regulación y dependencias dentro de la normativa de seguridad nacional". Y apuntan, también, que de esta forma al depender directamente de la Presidencia , "se eliminan" tensiones competenciales entre ministerios. En concreto, y aunque en el Ejecutivo no lo confirman, en círculos políticos se comenta que el protagonismo de Economía en este "CNI económico" había suscitado recelos en otros departamentos como Exteriores o Hacienda.
Con estructura y funciones análogas a los organismos similares que ya existen en los grandes países de la Unión Europea o en Estados Unidos, el Sistema Nacional de Inteligencia Económica español tendrá como finalidad "proporcionar las debidas herramientas para que los emprendedores puedan competir lealmente en pie de igualdad con sus competidores y actuar como elemento de defensa comercial en un mundo globalizado".
Como organismo de defensa y de contrainteligencia sus misiones serán las de "analizar y facilitar la información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil, para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones".
Cooperación con las empresas
Permitirá, también, compartir conocimiento, crear sinergías, evitar duplicidades y facilitar la adopción de posiciones comunes en las Administraciones Públicas. Y, en estrecha relación con los actores económicos, especialmente las empresas y sus organizaciones, "facilitará la detección y prevención de actuaciones contrarias a los intereses económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos".
Es decir, se trata de intentar evitar que se repitan situaciones de inseguridad jurídica como, entre otras, las expropiaciones ilegítimas sufridas por Repsol en Argentina y por Red Eléctrica, Iberdrola, Abertis y Aena en Bolivia.
Moncloa ha encargado la elaboración de la futura Ley de Seguridad Nacional, "con una visión amplia y multidisciplinar" y en un plazo máximo de seis meses, al Consejo de Seguridad Nacional, creado mediante Real Decreto del pasado 31 de mayo, con rango de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.
Forman parte de este Consejo, además del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, Fomento, Industria y Economía y Competitividad.
También son miembros del Consejo de Seguridad Nacional el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado-director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Entre las funciones atribuidas a este organismo, que sustituye a la anterior Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, destacan las de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de seguridad nacional; planificar, coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de las directrices de seguridad; y dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis.
La primera reunión del Consejo de Seguridad está prevista para la primera quincena del próximo mes de julio, y en ella se dará inicio a los trabajos preparatorios de la Ley de Seguridad Nacional por la que se dará la necesaria estructura normativa a la Estrategia de Seguridad Nacional consensuada con el Partido Socialista.
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