Se veía venir. La irritación que la nueva Ley de Cámaras de Comercio ha causado en la CEOE se ha plasmado en el duro informe de alegaciones que ha presentado al proyecto del Gobierno, en el que la patronal española denuncia que el texto aprobado por el Ejecutivo supone una nacionalización encubierta de las instituciones camerales y de las actividades de las organizaciones empresariales.
Especialmente crítico se muestra el informe de la CEOE respecto al tratamiento que el Gobierno hace de las funciones de las Cámaras que califica de "solapamiento con las que ejercen las organizaciones empresariales".
En este punto denuncia textualmente "la publicación de actividades "que se califican de funciones público-administrativas cuando tradicionalmente han venido siendo ejercidas por entidades privadas, "lo que supone una especie de nacionalización de esas actividades" de las que se excluiría a las organizaciones empresariales".
Funciones solapadas
En concreto, la organización que preside Juan Rosell argumenta que existen supuestos en los que coinciden las funciones atribuidas a las Cámaras, con el carácter de público-administrativas, con las que ejercen las organizaciones empresariales en materias como la formación de cualquier naturaleza, el asesoramiento en la creación de empresas, la simplificación administrativa, el fomento de la innovación y de la tecnología en las empresas, el impulso a la unidad de mercado, el informe sobre proyectos normativos, la expedición de certificados de origen y el fomento de la economía digital y de la competitividad.
Y es precisamente esta calificación de funciones "público-administrativas" la que más ha molestado en el seno de la patronal porque "se les está jurídicamente atribuyendo un carácter de exclusividad al que CEOE se opone".
Rechaza también frontalmente la patronal el carácter obligatorio de la afiliación a las Cámaras. "La voluntad se considera una condición previa esencial de toda representatividad", asegura, antes de advertir de que "no comprende cómo se produce un esencial solapamiento con la representatividad de las organizaciones empresariales, máxime cuando la CEOE no alcanza a comprender cómo a un ente público (naturaleza propia de una corporación de derecho público como las Cámaras de Comercio) por ministerio de la Ley se le conceden facultades de representación de empresas privadas".
Peligro de politización
En cuanto a la composición de las Cámaras de Comercio Territoriales y de la Cámara de Comercio de España, CEOE considera que "existe un exceso evidente de representación pública y un defecto también evidente de representación de las organizaciones empresariales.
En cualquier caso, alerta de que en esa composición de los órganos de gobierno de las Cámaras "se olvidan los intereses de las pequeñas y medianas empresas" a las que, en principio, van dirigidos los servicios que prestan las Cámaras de Comercio "primándose, sin embargo, a las grandes empresas".
Por ello CEOE estima necesario que, tanto en los plenos de las Cámaras de Comercio Territoriales, como en el Pleno de la Cámara de Comercio de España, exista un 40 por ciento de puestos "para que sean cubiertos previa designación de la organización intersectorial y territorial más representativa del correspondiente territorio, en cuanto representativas de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas afiliadas a las mismas".
En consecuencia, la organización empresarial propone reducir la representación de los "órganos tutelantes", es decir, de las Administraciones Públicas, en tanto que "no garantizan aportaciones económicas para el funcionamiento de las Cámaras". Igualmente, añade, "debe quedar minorada la presencia de otros representantes de órganos públicos, con el fin de que no se politicen las actividades de las Cámaras". De esta manera, la patronal asegura que "se podrá hablar del carácter democrático" de estas instituciones , "lo que no es posible si se tiene en cuenta la composición pública prevista". Finalmente la CEOE se muestra también "contraria " a que en los supuestos de liquidación de las Cámaras, "el destino de un patrimonio que ha sido creado con aportaciones dinerarias empresariales, sea decidido por las Administraciones tutelantes".
Como consecuencia de todo ello, el informe de la patronal española concluye que "el anteproyecto de ley de Cámaras confirma la eliminación de la cuota obligatoria de pago, pero no resuelve en modo alguno la deseable articulación entre Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales". Motivos que le inducen a solicitar al Gobierno que el anteproyecto pase a informe del Consejo Económico y Social antes de ir al Consejo de Estado.
La CEOE rechaza la Ley de Transparencia
