La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, resultará "gravemente perjudicial para la competencia", generando un "inusual daño a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad, de forma innecesaria y desproporcionada, a un único colectivo profesional".
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se refiere, en su informe a la reforma de la ley, al colectivo de los procuradores, que ganan nuevas atribuciones con la próxima versión del texto. La tendencia no es nueva: las reformas de 2003 y 2011, según recuerda Competencia, ya otorgaron un papel mayor a este grupo profesional.
Ahora se le entrega en exclusiva diversas actuaciones que se consideran, según la ley, necesarias para "el impulso y la buena marcha del proceso", creando y fortaleciendo reservas de actividad cuando, según Competencia, "existen otros colectivos técnicamente capacitados para desarrollar tales tareas", como abogados, notarios o gestores administrativos.
Ahorro de costes
Ante este cambio, la CNC es contundente y recomienda a Justicia que indique la razón por la que "los ciudadanos y empresas, españolas y extranjeras, con plena capacidad jurídica ante la práctica totalidad de las Administraciones en la Unión Europea, no pueden representarse a sí mismos ante la Administración española de Justicia".
Sobre este punto, el informe asegura que "la posibilidad, que no obligación", de representarse sin intermediarios, permitiría reducir costes y favorecería la competencia. Así, eliminar "dicha singularidad en Europa, que por derecho comparado se muestra innecesaria", permitiría compatibilizar la reforma con prioridades declaradas del Gobierno, como reducir las cargas administrativas de particulares y empresas, fomentar la competencia y la creación de empleo, y evitar las fragmentaciones del mercado en España.
El informe arremete directamente contra la reserva al procurador al asegurar que resulta indispensable motivar por qué la reforma limita estas labores a los procuradores, "restringiendo adicionalmente la competencia". Así, la Comisión sostiene que, cuando el ciudadano o empresa prefiera ser representado, debería poder elegir en España entre numerosos profesionales, de diversos colectivos, con competencias técnicas adecuadas".
En definitiva, la valoración general de la CNC es, tal y como recoge el informe, "muy negativa", dado que no se aprecia justificación en aras de razón de interés general alguno al hecho de que los procuradores adquieran un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia. Con ello se ahonda en un marco que resulta "excepcional en Europa" y que impide la competencia en precios (ante la existencia de aranceles) y dificulta la competencia potencial.
Por todo ello, la CNC pide la modificación urgente del marco actual, liberalizando el servicio de procura. Para ello propone eliminar la obligatoriedad de la representación procesal por parte de un tercero y facilitar el acceso a la profesión a nivel formativo y académico.
La crítica se extiende a los colegios profesionales: para Competencia, se debe admitir que otras entidades puedan desarrollar las mismas funciones.
