Al menos sobre el papel, este año el sector público está obligado a pagar en menos de 30 días a sus proveedores, acreedores y titulares de derechos, lo que en el caso específico del Estado le exigirá hacer un esfuerzo extra para reducir en 12 días el ritmo medio al que desembolsa sus pagos.
Y es que, según los últimos datos de la Intervención General del Estado (IGAE), correspondientes al cuarto trimestre de 2012, la Administración Central emplea una media de 60 días en saldar sus gastos corrientes en bienes y servicios (empeora la ratio del trimestre anterior, que estaba situada en los 55,64 días) y casi 36 días en abonar las inversiones reales (antes era de 53,13 días).
En total, el Estado empleaba un plazo medio de 42 días para pagar las facturas de los proveedores y acreedores a finales del ejercicio de 2012.
Como la Ley de Morosidad dictaba para el pasado año un periodo transitorio de 40 días, esto significa que la Administración Central incumplió por poco la norma, pero con un evidente desvío en los pagos corrientes de los Ministerios. Y la situación parece empeorar este ejercicio, cuando el Estado debe ajustarse aún más el cinturón: se le han terminado los periodos transitorios y, sin dilación, ha de pagar en 30 días.
Ponerse al día
A tenor de estos datos, es evidente la dificultad del Estado para ponerse al día en sus pagos, ya que el cuarto trimestre de 2012 -último del que se disponen cifras oficiales- fue el que registró una peor evolución del año, con esos 60 días en las operaciones en gastos corrientes en bienes y servicios.
En detalle, en el cuarto trimestre de 2012, el Estado saldó 21.618 operaciones de gastos corrientes, por un montante de 476 millones y un plazo medio de 60 días; exactamente el doble de lo que la ley le permite este año. De este importe, el 78 por ciento fue para abonar pagos de Interior (203 millones) y Defensa (169 millones), mientras que sólo dispuso de 139.000 euros para pagos del Consejo de Estado.
En el capítulo de inversiones reales, el Estado efectuó 13.654 operaciones de pago por 1.389 millones, en un promedio de 36 días (6 más del plazo actual). En este caso, Fomento fue el que mayor desembolso efectuó, por 627 millones, frente a sólo 47.000 euros que fueron a pagos del Consejo de Estado.
Donde sí avanza la Administración central es en la cuantía de los pagos formalizados, que más que duplica el importe de las facturas satisfechas en el tercer trimestre del anterior ejercicio: 1.865 millones, frente a 776.780 millones.
Más intereses de demora
La Ley 15/2010, de 5 de julio, marca el final de la impunidad de la Administración en los retrasos en sus pagos. Desde ahora, las empresas tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora y pueden obtener una cifra mínima de 40 euros como compensación de costes de cobro. Según explica la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), pueden exigir asimismo una compensación por el resto de costes de cobro.
Del mismo modo, la norma aumenta el tipo de interés legal de demora hasta al menos ocho puntos porcentuales más que el tipo de referencia del BCE. Las autoridades no pueden marcar un tipo de interés de demora inferior al umbral.
Estos cambios permitirán mejorar el rendimiento de la gestión del cobro de deudas, al existir un baremo y un coste fijo mínimos que los deudores deberán pagar. Además, los acreedores podrán reclamar los importes para compensar los costes de las tasas judiciales que, en la práctica, no van a recuperar. Todas ellas, medidas para aligerar la sangría que la morosidad causa en el tejido empresarial con la crisis.
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