
Al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se le acumulan los problemas con la justicia. Según han confirmado a elEconomista fuentes de toda solvencia, el fondo luxemburgués Luxempart, dueño de un 5,8% de la compañía, ha presentado en la Audiencia Nacional una querella criminal contra él.
Y eso apenas unos días después de que el 23 de mayo el juez Pablo Ruz, titular del juzgado de instrucción número 5, le imputara ya por tres presuntos delitos societarios, el uso de información relevante, el falseamiento de la información económica-financiera remitida a la CNMV y de las cuentas de la compañía.
Las fuentes consultadas aseguran que dada la extensión y profundidad de la querella y los actos denunciados, el juez Ruz ha acordado ya la apertura de una pieza separada en la causa abierta contra Sousa, solicitando además un nuevo informe a la Fiscalía. La primera querella la presentaron un grupo de accionistas representados por el letrado Joaquín Yvancos e iba dirigida también contra el resto del consejo.
Al margen de Fernández de Sousa, el juez imputó también a Alfonso Paz Andrade, que fue además consejero delegado de la empresa; a José Alberto Barreras, uno de los hombres de máxima confianza de Sousa, y a José Antonio Pérez Nievas, representante de Iberfomento, dueño del 3,39 por ciento de la compañía.
En el auto de imputación, el juez aseguraba ya que las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros, que sirvieron para llevar a cabo por ejemplo el año pasado la última ampliación de capital, "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía.
El proceso en marcha
Ruz ha requerido ya a KPMG una copia del análisis forense que está realizando, ha pedido a la administración concursal (Deloitte) que aporte igualmente una copia de los libros de actas de las juntas y los consejos de administración celebrados desde 2011 hasta ahora y ha reclamado a BDO Auditores todos los informes de Pescanova emitidos entre 2011 y 2013.
Y de igual modo ha solicitado un informe a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, a la que reclama también de forma específica que investigue "eventuales cambios significativos operados en el patrimonio de Manuel Fernández de Sousa y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013 que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos".
La Udef investiga las cuentas
Entre otras cosas, la Udef está investigando cuentas en España controladas por la alta dirección pero que estaban a nombre de sociedades opacas y sin consolidar en el exterior, fundamentalmente en África. Tal y como publicó este periódico el pasado lunes, se ha detectado ya que Fernández de Sousa usó testaferros para controlar estas firmas y esconder deuda.
Tan sólo en Novanam, la filial de Namibia, se podría haber ocultado así compromisos financieros por un importe de unos 400 millones de euros.