Madrid, 27 jul (EFECOM).- El representante de los armadores de altura y gran altura, Javier Garat, pidió hoy al Gobierno que lleve a Noruega al Tribunal de La Haya para que interprete de forma correcta el Tratado de París de 1920, por el que se delimitan las competencias en aguas del archipiélago de Svalbard (Noruega)
Garat, que hizo estas declaraciones tras asistir en Madrid a la reunión con el director general de Estructuras y Mercados, Alberto López, para conocer de forma oficial el reglamento del Fondo Europea de la Pesca (FEP) para el periodo 2007-2013, calificó la actuación de la policía marítima noruega de "muy grave".
Dijo que las autoridades noruegas están manteniendo "un pulso político" con España, con apresamientos desde hace dos años.
Lamentó que España no haya actuado "con suficiente fuerza" como para que Noruega deje de actuar de esa forma, al permitir -dijo- "indirectamente o por omisión este tipo de acciones".
Desde el Gobierno, el director general de Estructuras y Mercados Pesqueros, Alberto López, no hizo muchas precisiones a la pregunta de los periodistas, e indicó que "las reflexiones son muchas, pero las decisiones serán anunciadas en el momento adecuado por la ministra de Agricultura".
A pesar de ello, quiso dejar claro que el Gobierno español "está trabajando" y seguirán trabajando en defensa de la flota española.
Las autoridades noruegas han apresado en los dos últimos años a siete barcos, a los que acusan de diferentes irregularidades relacionados con la pesca ilegal en la pesquería del archipiélago de Svalbard y en el mar de Barents.
La situación se ha agravado con el apresamiento hace dos semanas de tres barcos, primero el "Arosa 15", y posteriormente el "Arosa 9" y el "Arosa 12" bajo la acusación de pesca ilegal y de haber soprepasado la cuota anual de bacalao correspondiente a España.
Noruega pide una fianza de 9 millones de euros para liberar a los tres barcos vigueses, propietarios de la armadora Transpesca, que ha anunciado que no podrá asumir dicha multa, y para lo cual ha pedido un aval al Gobierno para hacer frente a esta situación. EFECOM
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