La reforma de la Administración local que está a punto de arrancar las distingue como un paradigma de la eficiencia a la hora de prestar servicios; sin embargo, las cifras bosquejan un retrato muy diferente de las Diputaciones, en la medida en que su nivel de endeudamiento se disparó un 34% en plena crisis, de acuerdo con los balances que maneja el Ministerio de Hacienda.
Fue entre 2008 y 2012 cuando el pasivo de estas instituciones pasó de suponer un monto de 4.826 millones de euros a engrandecerse hasta sumar los 6.467 millones con los que el conjunto de las Diputaciones (y los cabildos y consejos, sus equivalentes en los dos archipiélagos) terminó el año pasado.
Estos son los datos generales, pero el descenso a las cuentas particulares de cada uno de los gobiernos provinciales es lo que demuestra realmente hasta qué punto se puede descontrolar el endeudamiento en estas instituciones, nada menos que las llamadas por la reforma local a asumir competencias de pequeños ayuntamientos con el objeto de prestar sus servicios con el máximo de eficacia.
El caso que sobresale conmayor notoriedad es el propio de la Diputación de Álava, dado que el capítulo del debe en su contabilidad engordó, entre 2008 y 2012, casi un 470%, la diferencia expresada en porcentaje que media entre los 76,4 millones que adeudaba al inicio de la crisis y los más de 435 millones que arrastraba al final del ejercicio precedente.
Lo cierto es que las Diputaciones vascas merecen un capítulo aparte, puesto que la que menos ha engordado su deuda, la de Vizcaya, desde que empezó el cambio de ciclo económico, lo ha hecho un 102 por ciento, de manera que su entrampamiento es el más elevado de este tipo de organismos en toda España: casi 1.200millones de euros. Entre las dos ya citadas se sitúa la propia de Guipúzcoa, con un aumento del 155 por ciento.
¿Qué tienen de particular? Jurídicamente las tres se distinguen como "forales"; es decir, no entran en el llamado régimen general de Gobiernos provinciales, lo que supone que en sus territorios tienen más competencias y, por tanto, prestan más servicios. Ese hecho podría explicar el ritmo endiablado al que generan deuda. Sin embargo, no debe perderse de vista que el aforamiento implica otra diferencia: tanto la Diputación de Vizcaya, como sus homólogas de Álava y Guipúzcoa tienen su propio sistema de financiación, ya que pueden recaudar impuestos.
Pero de poco les sirve esa vía para obtener ingresos, teniendo en cuenta el ritmo al que gastan. De hecho, ya en el primer trimestre de 2011, saltó la alarma en el País Vasco, ya que sus tres gobiernos provinciales acumulaban el mayor endeudamiento en 15 años y la cifra no ha dejado de aumentar desde entonces.
El récord del régimen común
Ahora bien, también en el régimen general de cabildos, consejos y diputaciones hay ejemplos de cómo se puede desequilibrar casi sin límite las cuentas. Entre las que pueden dar lecciones a este respecto está la Diputación de Valladolid, con su 273 por ciento de incremento de la deuda entre 2008 y 2012, intervalo en el que pasó de representar 18,4 millones a 64,5.
Lugo y su 222 por ciento no se sitúan muy lejos, mientras que la palma entre los gobiernos provinciales insulares lo tiene Ibiza, con su alza del 213,6 por ciento. Cabe preguntarse qué es lo que hace exactamente un organismo de este tipo para necesitar generar tanta deuda y en tan poco tiempo.
Las fuentes consultadas en uno de los partidos que con más ardor las defienden, el PP, son claras: "Ofrecen servicios básicos, como mantener en buen estado las carreteras o asegurar una buena asistencia sanitaria, por ejemplo".
Sin embargo, en los textos legales no está en absoluto claro cuáles son sus atribuciones propias, y basta con echar un vistazo a la Ley de Bases de Régimen Local para caer en la cuenta de ello.
En el mencionado texto, únicamente se habla de forma génerica de la "coordinación de servicios municipales", de "prestar servicios públicos supracomarcales" o, en términos aún más abstractos, "administrar los intereses peculiares de la provincia".
No está claro, por tanto, en qué gastan las Diputaciones para necesitar manejarse con volúmenes tan grandes deuda, especialmente, si se tiene en cuenta la repercusión real que sus desembolsos tienen sobre la población.
Sólo 84 euros invertidos
Ya en 2010, cuando la crisis no había alcanzado la profundidad actual, un informe de la Sindicatura de Cuentas estimaba que la inversión promedio por habitante de este tipo de instituciones se situaba en 84 euros, una cifra que palidece comparada con los 279 euros que el mencionado organismo atribuye a los ayuntamientos.
El sumidero por el que se les escapan sus recursos bien podría encontrarse en la propia organización interna de los Ejecutivo provinciales. No en vano no andan mal provistos de personal. De acuerdo con la legislación, uno de estos organismos puede llegar a tener 51 diputados (dejando aparte el personal de apoyo y asesoramiento de estos últimos) si la provincia cuenta con más de 3,5 millones de habitantes.
El número se va reduciendo en proporción a la población, de manera que, con 500.000 pobladores o menos, sólo se eligen 24 representantes, que se convierten en 27 entre 500.000 y un millón y llegan hasta 31 para las provincias habitadas por entre un millón y 3,5 millones.
Son muchos diputados y, además, seleccionados de una manera que despierta suspicacias, dado que no se produce por elección directa de los votantes de las respectivas circunscripciones.
Muy al contrario, a cada partido político le corresponde un número determinado de puestos en las Diputaciones dependiendo de sus resultados electorales, y son los líderes municipales de cada una de las formaciones los que finalmente acaban seleccionando a los elegidos, de acuerdo con los criterios que estimen convenientes.
Asumiran servicios de hasta 5.900 municipios
