La reforma local que el Gobierno presentará hoy a los municipios pondrá coto al agujero en aquellos que son más pequeños, a costa de dotar de más competencias a las Diputaciones. Éstas pasarán a asumir los servicios básicos que los ayuntamientos no presten de forma eficiente (en los que se esté gastando más de lo que Hacienda considera adecuado). Además, para alcanzar los 8.000 millones de recorte de gasto previsto se rebajarán los salarios de los funcionarios locales.
Si esta reforma entrase en vigor hoy mismo, 5.900 ayuntamientos españoles dejarían de prestar todos o algunos de sus servicios básicos, que inmediatamente serían asumidos por las Diputaciones Provinciales. La ley, con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 7.129 millones de euros, no implicará una reducción del número de consistorios.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, estos 5.900 consistorios son ineficientes porque prestan esos servicios a un coste superior del establecido como "coste estándar". Así, son ineficientes el 92% de las ciudades de menos de 5.000 habitantes (5.583 en total) y el 60% de las ciudades de entre 5.000 y 20.000 habitantes (que suman 344).
Costes estándar
Ésta será una de las principales novedades del Antreproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta debatirá hoy con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Hacienda, con ayuda del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ha establecido un listado de costes de referencia para cada uno de los servicios municipales, teniendo en cuenta la población, la dispersión en el territorio y el grado de envejecimiento. Con esas cifras sobre la mesa, se ha comprobado que un municipio de menos de 5.000 habitantes dedica 1.219,98 euros per cápita a la prestación de sus servicios básicos. Esto quiere decir que gasta tres veces más que las ciudades de más de 100.000 habitantes, que emplean 445,44 euros a estos mismos fines.
Los ayuntamientos tendrán de plazo hasta el próximo 1 de enero para ajustar los costes en la prestación de unos servicios básicos que van desde la recogida de basuras, el alcantarillado o la pavimentación de las vías urbanas, a las bibliotecas, el transporte urbano, la atención inmediata o la protección civil.
Pérdida de competencias
Una vez que se apruebe la ley, si un municipio de menos de 20.000 habitantes presta un servicio de forma ineficiente (gasta por encima del coste estándar establecido) perderá la gestión de ese o esos servicios, que pasará directamente a la Diputación o a la comunidad autónoma en caso de ser uniprovincial. Los entes provinciales mantendrán al personal que vaya asociado a ese servicio y recaudarán la tasa o impuesto que lleve aparejado. La Diputación mantendrá esa competencia durante cinco años. Ése será el periodo que tendrá el ayuntamiento afectado para presentar un plan de reequilibrio y poder recuperar uno o todos los servicios perdidos.
Durante ese periodo, las labores del alcalde o de los concejales afectados serán meramente de interlocución y de vigilancia (deberán cerciorarse de que los servicios se prestan adecuadamente en su municipio.) Podría darse el caso de que en unas elecciones municipales, los ciudadanos tuvieran que elegir a los representantes de un consistorio que ya no presta ninguno de sus servicios básicos .
Las ciudades de más de 20.000 habitantes podrán ceder las competencias en las que sean ineficientes de forma voluntaria. En cualquier caso, se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaruia, de forma que si no se ajustan al coste estándar podrían ser intervenidas.
Desde Hacienda explican que desde que se introdujo el concepto de coste estándar y se debatió en las reuniones con los municipios, éstos han empezado a ahorrar.
Rebajas salariales
Además del ajuste en los servicios, fuentes de Hacienda aseguran que el Gobierno va a establecer una "horquilla salarial" para los funcionarios locales, con la que espera ahorrar otros 900 millones de euros -para llegar al ahorro de 8.000 millones anunciado- y evitar la enorme dispersión entre sus sueldos y los de funcionarios del Estado.
Según indican, la medida afectará especialmente al complemento específico, aunque no precisan cómo va a hacerse, ya que hay disparidad entre los distintos ayuntamientos sobre la configuración del mismo.Lo que sí descarta Moncloa es tocar el salario base.
Explican que se trabaja en ello y que se esa horquilla se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
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