
La prórroga que la Comisión Europea le ha concedido al Gobierno para cumplir con el Pacto de Estabilidad y la manera en que los mercados han aflojado la presión sobre la deuda española supondrá un maná de recursos extra, de hasta 57.500 millones de euros, para el Ejecutivo de Mariano Rajoy en los dos próximos años, siempre bajo el supuesto de que no vuelva a haber un rebrote excepcional de la incertidumbre.
Bruselas la semana pasada cuando anunció que España disponía de dos años más, hasta 2016, para cumplir el Pacto de Estabilidad. Así, Rajoy tiene en 2014 licencia para que el agujero de las Administraciones Públicas quede en el 5,5% del PIB, frente al 3% que inicialmente se le exigía. Entre ambas marcas median 2,5 puntos porcentuales, o en términos absolutos, 25.000 millones, a los que, doce meses después, se sumarán otros 11.000 millones.
Estos últimos son la traducción de los 1,1 puntos que separan el nuevo tope de déficit (4,1 por ciento) que Bruselas le ha concedido a España para 2015, frente al 3 por ciento que, según los planes iniciales, había que conseguir a toda costa.
En suma, por cortesía del nuevo talante, no tan alemán, que parece dominar en las instituciones europeas, España recibe un balón de oxígeno de 36.000 millones en los dos próximos ejercicios. Pero, además, meses antes de que el comisario Olli Rehn confirmara de forma definitiva que habría manga ancha con España (y con otros países como Francia), en los mercados financieros empezaron también a soplar nuevos aires propicios para España.
Por debajo de 300 puntos
Ya no resulta tan rentable apostar contra la supervivencia del euro y eso se ha notado en el desplome que la prima de riesgo ha sufrido desde los máximos que alcanzó entre finales de julio y principios de agosto pasado. Entonces el diferencial se hallaba en 640 puntos básicos, una cota de la que no ha dejado de alejarse hasta alcanzar las 279 unidades con las que cerró el viernes pasado.
Esa caída puede suponer una liberación de recursos, que dejarán de estar al servicio del pago de intereses de la deuda, de 8.000 millones de euros este año y de 13.500 el próximo (el impacto en 2015 es aún demasiado difícil de prever). En total, 21.500 millones de euros que engrosarían el colchón de 36.000 millones que los nuevos objetivos de déficit han hecho posible.
Las cifras se derivan de extrapolar una simulación que, en medio del torbellino de los 640 puntos básicos de castigo, llevó a cabo el Ministerio de Economía. El pasado verano el equipo de Luis de Guindos daba por hecho que la prima estaba sobrecalentada, es decir, como mínimo 200 puntos se debían no tanto a la situación objetiva de España, sino a la incertidumbre y falta de capacidad de gestión que los responsables políticos de la Unión Monetaria estaban manifestando.
Contando con que, tarde o temprano, la zona del euro sabría mostrar mayor entereza, Economía dio por hecho que esos 200 puntos de más acabarían quedando atrás y, debido a la "enorme sensibilidad" que la economía muestra a la evolución de la prima de riesgo, se lanzó a pronosticar qué réditos supondría que los mercados aflojaran la tenaza.
El resultado sería un total de 12.000 millones liberados del servicio de la deuda: 4.500 de ellos en 2013 y 7.500 en 2014. Y todo ello, suponiendo un escenario "sumamente conservador", en el que el diferencial únicamente cayera un 2% con respecto a los máximos en los que estaba situado en agosto.
Hizo bien el Gobierno subrayando que sus hipótesis eran muy cautas, porque la realidad ha superado ampliamente los supuestos con los que inicialmente trabajaba. Desde entonces, el barómetro de la desconfianza hacia España se ha desplomado hasta 360 puntos básicos. Trasladando ese hecho a la simulación de Economía, y respetando las proporciones sobre las que se basa, es de donde surgen los 21.500 millones que, entre 2013 y 2014, están en condiciones de volver a la economía real, merced a la prima de riesgo.
Como resultado, empezará a tener sentido el propósito que expresó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de continuar reduciendo el agujero de las cuentas públicas permitiéndose, a la vez, el lujo de no llevar a cabo más ajustes ni nuevos recortes.