Economía.- El PSOE pide a Torres-Dulce que centre la investigación sobre preferentes en la comercialización

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha registrado en la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que pide al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, que centre la investigación sobre las participaciones preferentes en la comercialización que llevaron a cabo la mayoría de las entidades financieras --particularmente en las que están nacionalizadas-- apelando a la defensa del interés general y con la esperanza de conseguir una "solución global" para todos los afectados.

La denuncia está fechada el jueves y va firmada por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ya había avanzado que finalmente se optaría por esta vía en lugar de por la querella contra personas concretas.

En su texto, que recoge Europa Press, se recuerda que diversas entidades financieras han comercializado en los últimos años participaciones preferentes como si fueran "productos similares a los depósitos a largo plazo, sin informar correctamente de sus características" y bajo una "presión muy intensa".

OFERTAS "INCIERTAS Y ENGAÑOSAS"

"Han sido ofertas inciertas y engañosas", alega el PSOE, recordando que la mayor parte de los suscriptores son personas mayores que han invertido los ahorros de toda su vida sin contar con información suficiente ni sobre las características del producto ni sobre los riesgos que entrañaban.

Esto contradice la Ley del Mercado de Valores, que "concreta los deberes de diligencia e información transparente" a los que están sometidos los bancos a la hora de realizar cualquier actividad relacionada con el Mercado de Valores; pero también conculca la directiva MIFID, que obliga a los bancos a "asegurarse de los conocimientos, experiencia financiera y objetivos perseguidos" por los clientes, cosa que no sucedió en la mayor parte de estos casos.

Tras salir a la luz este "claro engaño", la mayor parte de las entidades han optado por ofrecer a sus clientes canjes por depósitos, 'cocos' o acciones, pero las nacionalizadas "no han podido llevar a cabo estos canjes" porque según las condiciones del rescate financiero todos los titulares de productos de inversión deben "asumir parte de las pérdidas".

En estas entidades se ha obligado así a un canje en acciones con una quita de entre el 38 y el 61% del nominal, porcentaje que "muy probablemente" aumentará en el momento en que se intenten hacer líquidas las acciones, ya que su precio ha caído considerablemente (en el caso de Bankia, la única que cotiza en Bolsa) o se fijará en un valor inferior al de mercado (para Novagalicia Banco y Catalunya Banc, que dependerán del FROB).

De esta manera, aún quedan unas 300.000 personas afectadas con más de 8.000 millones de euros "atrapados", la mayor parte de los cuales (6.500 millones aproximadamente) corresponden a Bankia. "Estamos ante una situación injusta y desesperante", alegan los socialistas, alertando además de la "enorme indignación social" que han provocado estos hechos.

RESPUESTA CONJUNTA

A renglón seguido, explican que dado que ya se han producido muchas sentencias a favor de demandantes individuales, "declarando nulo de pleno derecho los contratos y aduciendo que los ahorradores no contaban con la información necesaria para saber lo que adquirían", el PSOE cree que debe ser el Ministerio Fiscal el que "realice una actuación más eficaz y coordinada en defensa de la legalidad, de los intereses de los afectados, y que conduzca finalmente a la consecución de una solución global para todos ellos".

Además, recuerda que en el caso concreto de Bankia se han conocido irregularidades contables y una posible sobrevaloración de activos lo que, dado que estos títulos ofrecen una rentabilidad en función de los resultados económicos del emisor, conlleva una mayor carga de "engaño estructural" e incluso "delito de estafa".

"Si los ahorradores hubieran conocido la situación real de la entidad, es evidente que nunca hubieran adquirido ningún título, por el enorme riesgo que asumían", cree el PSOE, aduciendo que "también hay serias dudas, muchas de ellas detectadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de que haya existido en realidad un mercado secundario en la compra-venta de estos títulos".

Por todo ello, los socialistas piden a la Fiscalía que tenga por denunciados estos hechos "por si pudieran ser constitutivos de delito" y que "previas las actuaciones y diligencias que se estimen oportunas para la comprobación de la realidad de los mismos, se admita a trámite" la denuncia "solicitando expresamente, y sin perjuicio de cualquier otra comunicación, la notificación de la apertura de dichas actuaciones, procedimientos y resolución que recaiga en el mismo".

Finalmente, el PSOE recuerda que las competencias de promoción de la acción de la Justicia "en defensa de los derechos de los ciudadanos" recaen en el Ministerio Fiscal, que también tiene la "obligación de procurar la satisfacción del interés social ante los tribunales".

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