Uno de los datos que refleja de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado hoy el INE muestra que el sector público destruyó más empleo que el privado en el primer trimestre del año. Sin embargo, dentro del mismo sector público la pérdida fue desigual. Todas las administraciones (central, autonómica, local y Seguridad Social) redujeron plantilla. Pero no fue el caso de las empresas y otras instituciones públicas, que sumaron 4.100 asalariados respecto al trimestre anterior.
Entre las empresas y otros organismos públicos figuran Renfe, Loterías, Correos, Navantia, la Agencia EFE, Enresa, Aena, etc.; mientras que dentro de la Administración se engloban todas aquellas organizaciones públicas que realizan funciones administrativas o de gestión, básicamente.
A finales de marzo, el número de ocupados en el sector público era de 2.845.800 personas, un 2,45% menos que los 2.917.200 puestos de trabajo que se registraban a cierre de diciembre de 2012. Es decir, en el trimestre se perdieron 71.400 empleos. Pero si se tienen en cuenta los últimos doce meses, la pérdida se eleva a 258.300 puestos.
Los datos muestran también que entre enero y marzo, el grueso de la destrucción se concentró en la administración autonómica. Hoy en día emplea a 1,58 millones de personas. Son 40.800 menos que las que ocupaba a finales del cuarto trimestre de 2012.
Por su parte en la administración central trabajan 2,84 millones de personas, 12.400 menos que a cierre de diciembre. La Seguridad Social emplea hoy a 34.800 personas (-4.000) y la administración local tiene 560.500 trabajadores (-15.800).
Solo el ámbito de las empresas y otras instituciones públicas engrosaron su plantilla durante el primer trimestre del año. Aumentó, como se ha dicho, en 4.100 personas, hasta registrar un total de 159.300 puestos de trabajo.
Fuente: INE
¿A qué se debe la destrucción de empleo?
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha atribuido la destrucción de 71.400 empleos públicos durante el primer trimestre del año a la amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y al "despido encubierto de miles de interinos", fundamentalmente en el sector de la enseñanza y el de la sanidad.
El sindicato denuncia que la ocupación en el sector público se ha reducido a niveles de 2005 y habla de la existencia de "un plan premeditado" para cambiar el modelo de administración, "dejándola caer por su propio peso y externalizando los servicios estructurales a la empresa privada".
Además, alerta de que la Administración se encuentra "al borde del colapso" y de que en los próximos años, el sistema "se hará insostenible", debido a que el 50% de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) son mayores de 50 años y uno de cada diez supera ya los 60.
En el caso concreto de la AGE, el sindicato argumenta que la falta de efectivos afecta a la mayoría de los organismos y de manera especial a algunos que realizan sus tareas de cara al público, como son el Servicio Público de Empleo (SEPE), el Fogasa y el Imserso.
La empresa pública ignora los ajustes
