El Parlament insta al Gobierno catalán a analizar si devuelve parte del recorte a los funcionarios en 2012

El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles por unanimidad una propuesta de resolución para analizar y decidir si se debe aplicar en Cataluña una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que falló a favor de devolver una parte del recorte de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Esta sentencia justificaba la decisión en que no se podía aplicar la retención con efectos retroactivos a la entrada en vigor del decreto estatal 20/2012 que establecía el recorte.

Se trata del caso de los trabajadores de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, que contaban con 16 pagas anuales y a los que se les recortaron dos, pero el TSJM sentenció el 11 de enero que tenían derecho a recibir la parte correspondiente hasta la entrada en vigor del decreto 20/2012 en julio.

La propuesta de resolución --que el Govern no está obligado a acatar-- fue a cargo de ICV-EUiA, que pedía "estudiar y valorar" las consecuencias que puede tener para los trabajadores de la administración catalana la sentencia madrileña, y ha incorporado una enmienda de ERC para que se aplique la devolución correspondiente a los empleados públicos catalanes en caso de que el informe sea favorable.

De hecho, este mes de marzo trascendió una sentencia del Juzgado Social número 1 de Mataró (Barcelona) que obligaba a Aigües de Mataró a devolver parte del recorte que aplicó en el sueldo de sus trabajadores en 2012 por el Real Decreto 20/2012, que fijaba la reducción del sueldo para los empleados públicos en España, argumentando que el ajuste debe aplicarse en el salario a partir de la entrada en vigor de la norma, y no al sueldo de todo el año.

Así, la empresa debía haber contabilizado el ajuste a partir del 15 de julio, y deberá devolver a los trabajadores la parte proporcional que les retiró de las pagas extra por incluir también el periodo anterior, por lo que se trata de la primera sentencia en Cataluña que admite el derecho de los trabajadores del sector público a percibir una parte de la paga extra que se les suprimió en 2012.

Cuando se conoció la sentencia de Madrid en enero, se cifró en más de 360 millones de euros la cantidad que deberían abonar las administraciones públicas si debiesen aplicar esta devolución porque la reclamasen todos los empleados afectados.