Economía/Macro.- ERC propone al Gobierno que amplíe el objetivo de déficit de Cataluña hasta el 1,5% en 2013

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar el objetivo de déficit fijado a la Generalitat de Cataluña para este ejercicio (0,7%), de tal manera que la revisión no sea inferior al 35% de lo que fije la UE para el conjunto de todas las administraciones del Estado (4,5%).

Esto supondría que Cataluña debería tener un tope de déficit para este ejercicio de, al menos, el 1,58%, eso sin saber si finalmente el Ejecutivo comunitario relajará una vez más el objetivo general del país, después de que el año pasado ya concediera un punto más de margen con respecto al primer dato acordado.

A juicio de los independentistas catalanes, el límite del 0,7% es "incoherente con el nivel de gasto público" que asumen las administraciones autonómicas y supone "un reparto injusto" que obligará a las comunidades a hacer "un ajuste de gasto público con un impacto muy negativo sobre los servicios del Estado del Bienestar, poniendo en riesgo la prestación del nivel mínimo exigible de educación, sanidad y protección social, entre otros".

CONTRADICCION CON LA UE

Para ERC la postura del Gobierno central --que mantiene para sí un límite de déficit este año del 3,8% para intentar que en su conjunto el sector público no supere el 4,5%-- "entra en contradicción" con la postura del Parlamento Europeo, que el pasado 16 de enero aprobó una resolución recordando que "los esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de manera justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan".

Sin embargo, el Estado no repartió el punto adicional de déficit que la UE concedió el año pasado y, en este ejercicio, mantiene para sí un margen cinco veces superior al que autoriza a las comunidades autónomas, que ya han acometido importantes ajustes, "sobre todo en gasto no financiero no finalista".

Y todo mientras "bloquea las decisiones que permitirían incrementar los ingresos" a las administraciones regionales para tener que reducir menos el gasto público, como ha sucedido con "la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra diferentes medidas tributarias", como el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

"Hay que constatar además la existencia de una larga lista de deslealtades e incumplimientos en relación a las finanzas e inversiones autonómicas que incrementan el ajuste del gasto a realizar con consecuencias muy negativas sobre los servicios públicos del Estado del Bienestar", añaden los republicanos, poniendo como ejemplo los "incumplimientos" del pago de las liquidaciones de los años 2008 a 2010 derivados de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, la reducción de los ingresos finalistas del Estado o el impacto de la subida de impuestos del año pasado.

LEALTAD INSTITUCIONAL

Por todo ello, y en pleno debate sobre si el nuevo modelo de financiación autonómica debería fijar límites diferentes según cada comunidad autónoma, ERC ve "necesaria y oportuna la lealtad institucional comprometida por el Estado en gasto e inversión, así como una flexibilización de los objetivos de déficit" en 2013, única vía, asegura, para que Cataluña pueda ajustar los 2.000 millones de euros que se le exigen.

Así, insta al Ejecutivo a negociar con el Gobierno catalán una modificación del objetivo de este ejercicio "no inferior al 35% de lo que fije la UE para el conjunto de administraciones del Estado" y colaborar con Cataluña mediante el cumplimiento de los acuerdos de inversiones y financiación, la compensación del incremento de gasto "derivado de la deslealtad institucional" y el establecimiento de un calendario "lo más breve posible" para pagar todas las cantidades que se le adeudan a lo largo de este ejercicio.

También reclaman que se permita a las comunidades beneficiarse de la recaudación adicional por la subida del IVA y los impuestos especiales, otorgar a las administraciones regionales la liquidación correspondiente al 50% de la recaudación derivada de la 'amnistía fiscal' y la información tributaria pertinente para luchar contra el fraude fiscal relativo a los tributos propios.

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