Tres consejeros de Aigües de Sabadell (Cassa) han presentado ante el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona una demanda para conseguir que el presidente y los cuatro consejeros dominicales que han comprometido la venda de sus acciones tras la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Agbar no estén presentes en el consejo de administración, por un conflicto de intereses y para garantizar así la independencia de éste.
SABADELL (SAB.MC)(BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
Los demandantes son el vicepresidente de Cassa, Lluís Pascual; la consejera independiente Maria Àngels Bosser, y el secretario del consejo, Carlos Enrich, que representan a más del 16% del accionariado de la compañía, principalmente de familias de Sabadell (Barcelona).
Según han informado este jueves en rueda de prensa, el objetivo es garantizar la plena transparencia ante la OPA lanzada sobre Cassa, ya que consideran que el presidente y los cuatro consejeros dominicales --Unnim, Gremi de Fabricants, Cámara de Sabadell y Joan Llonch Andreu-- están ocultando información relevante sobre la operación.
"La OPA tiene irregularidades", ha afirmado el vicepresidente de Cassa, Lluís Pascual, quien ha asegurado que su intención es defender los intereses del accionariado y especialmente del minoritario, así como garantizar la información del proceso.
Por ello, el grupo de consejeros exige tres valoraciones diferentes de la empresa, así como asesoramiento externo independiente, unas peticiones que se suman a la celebración de un consejo de administración extraordinario requerido por vía notarial.
En este sentido, Pascual ha lamentado "la opacidad y falta de transparencia" del presidente de la compañía, Xavier Bigatá, con el fin de servir la OPA en bandeja, que ya cuenta con un preacuerdo con Banco Sabadell, Unnim, la Cámara de Sabadell, el Gremi de Fabricants y Joan Llonch Andreu.
"Pedimos transparencia en el proceso y un equilibrio de fuerzas", ha afirmado la consejera independiente Maria Àngels Bosser, quien cree que la OPA puede ser perjudicial para los accionistas minoritarios y la ciudadanía.
En este sentido, el grupo de consejeros se ha comprometido a buscar alternativas a la OPA, contra la cual dicen "están abiertas todas las opciones" como una mejor valoración, otra compañía e incluso la aceptación de un proyecto futuro para garantizar las inversiones de los accionistas.
"No estamos contra la OPA, sino contra cómo se están haciendo las cosas", ha concretado Pascual, quien ha asegurado que Cassa vale mucho más que la oferta de Agbar, por lo que el accionista debe estar tranquilo porque su dinero está seguro.
De hecho, los tres consejeros de Aigües de Sabadell (Cassa) han denunciado la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Agbar ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar que la compañía presidida por Ángel Simón ha incumplido el deber de notificar la operación a este organismo.
Argumentan que si Agbar se hace con el control de Cassa pasará a tener en España una cuota de mercado de más del 30%, "por lo que deberían haber notificado la operación a la CNC en un plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud de la OPA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
SEGUNDA OPA A CASSA
Esta es la segunda OPA que Agbar --controlada por Suez Environnement-- lanza sobre Cassa, después de una primera operación en 2010 cuando ofreció 71 euros por acción, una oferta con la que consiguió el 2,09% del capital a pesar del rechazo del consejo de administración.
En esta ocasión, el 29 de diciembre, Agbar comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de Cassa ofreciendo 60 euros por acción, de la cual todavía no ha sido autorizado el folleto.
De hecho, el vicepresidente de Cassa, Lluís Pascual, ha criticado que Agbar aprovechara el 'Caso Mercurio' que afecta al Ayuntamiento de Sabadell para comunicar esta operación.
"Se anunció en pleno 'Caso Mercurio', en una situación de vacío institucional" en el que los representantes municipales en el consejo de administración estaban imputados, ha recordado Pascual.
Por ello, Pascual ha reclamado al consistorio, que cuenta con el 24% del accionariado, que se posicione según su responsabilidad para evitar "una futura situación que puede perjudicar a las familias".
