Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionario de carrera del cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado y Técnico de Hacienda. En los últimos años él y la institución que preside se han convertido en una especie de conciencia fiscal de los Gobiernos.
Empezando por lo más reciente, ¿cómo valora esa tasa sobre los depósitos bancarios que nos ha anunciado el ministro Montoro?
En primer lugar no parece que el ministro haya sido muy oportuno porque ha confundido a la opinión pública cuando no es un impuesto similar al de Chipre, porque a quien va a gravar es a los bancos, no a los clientes.
Además, ya nace mal porque se plantea como un anti-impuesto a raíz de la sentencia del Constitucional que avala la tasa en Extremadura y para evitar que el resto de comunidades pudieran hacer lo mismo. Y es a los pocos días de conocer la sentencia cuando el Gobierno incluye esta enmienda en la tramitación de las modificaciones fiscales para crear la tasa, sorprendentemente con un tipo cero. Ahora el ministro plantea que podría gravarse con 0,1 o 0,2 por mil y que la finalidad sería compensar a estas tres comunidades que tenían ya el impuesto en vigor. Esto supondría una recaudación que no llega a 300 millones.
Tendría sentido este impuesto si tuviera un fin recaudatorio para que los bancos participen también en la salida de la crisis, pero con este tipo tan bajo y tan mínima recaudación no tiene sentido. Al final será el Constitucional el que decida pero hay serias dudas de que un impuesto se pueda plantear de esta manera.
Entonces, no va a servir para parar esta fuerte caída que se está produciendo en los ingresos fiscales.
Es evidente que hay una fuerte caída de los ingresos tributarios. Nosotros hablamos de crisis de ingresos mas que de crisis de gasto. La caída en los ingresos es estrepitosa y ya en 2009 se había perdido un 30% de recaudación.
Ahora se ha recuperado algo gracias a la subida del IRPF y del IVA, pero el impuesto de Sociedades sigue bajo mínimos a pesar de las últimas modificaciones que, en realidad, lo que hacen es adelantar recaudación y este año se va a ver afectado por una caída de recaudación derivada de haber repercutido estos anticipos que hicieron que el año pasado hubiera 5.000 millones más por este impuesto.
Entonces, ¿se hace imprescindible proceder a una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal?
Después de 30 años nuestro sistema tributario necesita una reforma en profundidad. Tiene muchos fallos y no se corresponde con los principios del artículo 31 de la Constitución, porque además de incumplir el principio de suficiencia por la caída de la recaudación , también están en entredicho los principios de igualdad, de proporcionalidad, de generalidad y de progresividad.
Había que replantearse la dualidad del impuesto sobre la renta que provoca una fuerte disparidad entre la tributación de los movimientos de capital y la de las rentas del trabajo.
Otro problema grave es el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación no llega al 10% de la totalidad de los ingresos tributarios y necesita una modificación a fondo de tantas deducciones y bonificaciones que se han establecido, que no sólo han afectado a la capacidad recaudatoria, sino que han establecido un diferencial entre lo que tributan las grandes empresas, que tienen acceso a todas estas deducciones, y lo que tributan las pymes que pese a tener un tipo teórico cinco puntos inferior al nominal de las grandes, si vamos a los tipos efectivos, están pagando casi cinco puntos más de media.
Y también habrá que replantear la lucha contra el fraude...
La mayoría de los informes sobre la economía sumergida y el fraude en España y están en la misma horquilla que nosotros planteábamos, es decir, entre el 20 y el 25% del PIB. Lo que tendríamos que hacer es reducir los diez puntos que hay de diferencial con la media de la Unión Monetaria y, con ello, podríamos recaudar casi 40.000 millones anuales, que es una cantidad que este año coincide con los 38.500 millones de la partida reservada en los Presupuestos de 2013 para pagar los intereses de la deuda.
Otra medida que para nosotros sería muy importante es la supresión del régimen de módulos. Se impuso cuando se implantó el Impuesto sobre la Renta para evitar que los comercios y pequeños empresarios tuvieran que llevar cuentas, pero hoy no tiene sentido. Además, supone un nicho en el que se originan la mayoría de las facturas falsas.
Otra de las propuestas recientes que ha suscitado un fuerte debate es la de establecer objetivos de déficit distintos para las autonomías.
Para nosotros puede ser positivo en la medida en que pueda suponer una menor presión sobre las comunidades autónomas y no acometer más recortes en gastos sociales en educación o sanidad.
Y, respecto a la anunciada Autoridad Fiscal Independiente, ¿será un órgano efectivo o es más bien un brindis al sol?
Parece que esto es una imposición de la Unión Europea y por las últimas noticias parece que no va a ser un órgano ejecutivo sino consultivo, que va a emitir informes pero no vinculantes y tampoco va a poder imponer sanciones, luego es poca autoridad. Y, después, veremos qué pasa con la independencia. Si como se ha dicho, el Gobierno va a nombrar al presidente, pues de independiente no va a tener mucho.
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