MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) propondrá este martes al Pleno del Congreso que inste al Gobierno a aprobar una Ley de Empleo del Rescate de Comunidades Autónomas en la que se recojan previsiones para evitar que los gobiernos regionales destinen esas ayudas públicas a proyectos secesionistas, además de permitir imponer condiciones políticas a cambio del dinero.
Según consta en la proposición no de ley, que recoge Europa Press, la pretensión de la formación magenta es que se obligue a las comunidades que acudan al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o a cualquier otro instrumento similar a firmar un compromiso expreso de que no destinarán esas ayudas a proyectos de secesión.
Su intención es abrir la puerta a que el Ejecutivo pueda condicionar las ayudas, además de a requisitos presupuestarios y financieros que ya se prevén, a condicionantes políticos de "preservación del ordenamiento constitucional". "Tales condiciones consistirán en el compromiso expreso de que la ayuda financiera extraordinaria no será empleada para financiar de ningún modo, directo o indirecto, proyectos o iniciativas políticas de secesión de la comunidad autónoma del conjunto del Estado español", precisa UPyD.
PROTEGER EL INTERES GENERAL
Además, exigen que, en el caso de incumplimientos por parte de alguna comunidad autónoma, el Gobierno pueda "poner en marcha la ejecución de las previsiones" incluidas en el artículo 155 de la Constitución para la protección del interés general.
Esto es, que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Y es que, según recuerda la formación que lidera Rosa Díez, las comunidades autónomas son "partes básicas de la arquitectura constitucional" de España, por lo que el Gobierno central sí tiene potestad para imponerle condiciones políticas "conducentes a corregir las actuaciones que hayan podido ser causa de la crítica situación financiera que las obliga a ser rescatadas".
"Sostener que el Estado no estuviera cualificado para solicitar a las comunidades autónomas condiciones de tipo político conllevaría la asunción de que las relaciones entre el Estado y las comunidades que lo componen es igual a la existente entre estados soberanos y organismos internacionales como la UE o el FMI, convirtiendo a las comunidades autónomas en virtuales estados soberanos iguales al estado común", alega UPyD.
LAS COMUNIDADES TIENEN LA CULPA
Finalmente, la formación magenta defiende que muchos de los problemas financieros que atraviesan los ejecutivos regionales se deben a una gestión "que ha tratado de imitar la administración propia de un estado soberano".
Entre otras cosas, menciona decisiones adoptadas en algunas autonomías como "la creación de redes de 'embajadas' autonómicas en el extranjero o subvenciones a instituciones de otras comunidades autónomas y de terceros países con las que se presume sintonía dentro de un proceso ideológico de 'construcción nacional'"
"Es por eso de la mayor importancia que el Estado exija a las comunidades autónomas que solicitan su rescate financiero garantías de que éste no se destinará a financiar de ningún modo prácticas de gobierno incompatibles con el ordenamiento constitucional, tales como proyectos de 'construcción nacional' y procesos conducentes a la secesión de la comunidad autónoma", concluye la propuesta.
