Economía.- Tribunal de Cuentas cree que asociaciones de afectados de Fórum-Afinsa pudieron cobrar subvenciones excesivas

El Tribunal de Cuentas cree que algunas asociaciones de afectados del caso Fórum-Afinsa pudieron haberse beneficiado de un "enriquecimiento injusto" al percibir indemnizaciones que excedían de la cantidad que realmente les correspondía, además de reconocer que no ha sido posible comprobar si esos mismos gastos fueron financiados con otras líneas de subvenciones, según consta en el informe de fiscalización del Instituto Nacional de Consumo del ejercicio 2010, al que ha tenido acceso Europa Press.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En el documento, se hace referencia a la responsabilidad patrimonial por valor de 763.443 euros abonada por el Instituto Nacional de Consumo en 2010 a resultas de la anulación parcial por parte del Tribunal Supremo (TS) del decreto del año 2006 que implementaba una línea de subvenciones para las asociaciones de consumidores, con el objetivo de sufragar gastos judiciales de los afectados por dicho caso.

"Las asociaciones reclamaron que les fuera indemnizado el importe que debieron reintegrar, reconociendo el Ministerio una responsabilidad patrimonial por el 50% de dicho importe", explica el órgano fiscalizador, que no entra a valorar el reconocimiento de dicha responsabilidad, aún pendiente de resolución por la jurisdicción contencioso-administrativa.

DAÑO EFECTIVO, EVALUABLE E INDIVIDUALIZADO

En lo que sí entra el Tribunal de Cuentas es en la falta de acreditación suficiente de que se ha cumplido lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que señala que "en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

"La documentación del expediente de responsabilidad patrimonial no especifica ni la naturaleza (contratación de abogados, arrendamiento de locales, equipos informáticos, etc.) ni el importe de los gastos soportados por las asociaciones por sus actuaciones de apoyo, asesoramiento, representación y defensa judicial de los intereses de los afectados", señala el informe.

Así, concluye que "no es posible, por tanto, cuantificar el importe del perjuicio económico real ni la indemnización" correspondiente, así como tampoco se puede determinar si "ese daño representa el cien por ciento u otro porcentaje menor de lo reintegrado".

SE CALCULÓ SOBRE UNA BASE ERRÓNEA

De hecho, el Tribunal va más allá y reconoce que en la fiscalización de una de las asociaciones se detectó que se habían contabilizado "ingresos por saldos pendientes de imputar a gastos correspondientes a esa subvención", lo que "revela la posibilidad de que el daño efectivo que debía tomarse como referencia para el cálculo de la indemnización no alcanzara en todos los casos el importe íntegro de la subvención reintegrada".

"En tales casos pudiera haber tenido lugar un enriquecimiento injusto para el perceptor de la indemnización, al exceder el importe de su base de cálculo el valor del daño realmente causado, lo que es incompatible con el carácter puramente reparador de la responsabilidad patrimonial", precisa.

Por ello, el órgano fiscalizador recuerda que "es sobre el valor del daño, debidamente acreditado, y no sobre el importe total de la subvención reintegrado sobre el que debía aplicarse la imputación del 50% de la culpa correspondiente para deducir la indemnización que en cada caso correspondía".

Además, la falta de justificación de los gastos también ha impedido comprobar si fueron financiados con otras líneas de subvenciones concedidas a las asociaciones.