Imputan a un cargo del gobierno catalán y un exdirector general por la quiebra de una cooperativa

La titular del Juzgado 1 de Tortosa (Tarragona) encargada de instruir el caso de la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de L'Aldea a finales de 2011, ha citado como imputados al exdirector general de Política Financiera de la Generalitat Ferran Sicart y al actual subdirector general de Inspección Financiera, Pablo Benito.

TARRAGONA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado a Europa Press la presidenta de la cooperativa, Montserrat Llosa, quien ha recordado que estas imputaciones se suman a la del inspector de la Generalitat Ramon Cortacans, que fue imputado el 19 de febrero.

Llosa, que ha agradecido el buen trabajo que está realizando la juez para aclarar responsabilidades, ha señalado que la semana que viene también serán citados unos 20 afectados para ofrecerles que emprendan acciones legales.

La juez ha detectado indicios de un presunto delito contra la administración pública ya que en 2007, cuando Sicart y Benito, entonces inspector del departamento, realizaron junto con Cortacans, una auditoría que indicaba irregularidades contables graves, si bien fue archivada.

También han sido imputados el expresidente de la cooperativa, Fernando Falcó; el extesorero, Lluís Gilabert y el exsecretario Josep Benito, además del exdirector de la sección de crédito y los responsables de la auditora BDO.

Según el informe de la administración concursal elaborado antes de que se abriera esta causa, el exsecretario de la junta traspasó 18.250 euros de su cuenta a plazo a la de crédito, y el hermano del tesorero, Juan Gilabert, también traspasó 20.500 euros antes del colapso de la sección de crédito.

El exgerente Daniel Ferré retiró 160.000 euros que depositaron en las cuentas de uno de sus dos hijos, también imputados, como también lo está el cuñado de Ferré, José Chavarría.