El equipo económico del Gobierno da ya por descontado que Bruselas flexibilizará los plazos para ajustar el déficit público en España y estudia utilizar una parte de ese mayor margen para ayudar a la corrección del desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.
"Está muy mal", admiten responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De hecho, los datos de la Contabilidad Nacional muestran que la Seguridad Social cerró el año 2012 con el déficit más abultado de su historia, 10.131 millones de euros, el 0,9 por ciento del PIB, afectada por el aumento de los pensionistas y de los desempleados.
Un desvío que convierte en objetivo imposible de cumplir las previsiones establecidas en los Presupuestos del Estado para 2013, en cuyo informe económico y financiero se afirma textualmente que "en 2013 se mantiene la consolidación financiera con un presupuesto de la Seguridad Social que presenta un resultado en equilibrio".
Una prioridad
Es por eso que, dentro del reajuste del escenario presupuestario a que obligaría un objetivo de déficit más amplio, una de las prioridades que se plantea el departamento que dirige Cristóbal Montoro es aliviar la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, como complemento a la reforma del sistema de pensiones en el Pacto de Toledo.
Pero, a la espera de conocer el nuevo objetivo de déficit público que marque Bruselas, esencial para determinar las cifras del reajuste, lo que sí tienen decidido en Hacienda es que la flexibilización se repartirá exclusivamente entre la Administración Central, incluyendo la Seguridad Social, y las comunidades autónomas, que podrán relajar sus compromisos del 3,8 por ciento y 0,7 por ciento, respectivamente, fijados en la senda de estabilidad presupuestaria.
En este sentido, las fuentes de Hacienda consultadas confirman que una de las alternativas que está sobre la mesa es la de establecer un objetivo de déficit diferente para cada comunidad, en función de sus características, de forma similar al sistema que se aplica actualmente para fijar los compromisos regionales de deuda pública, aunque no será "inminente".
Algo que confirmaba también ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien señalaba que "en principio se iba a celebrar, pero ahora nos dicen que se va a aplazar durante un tiempo". Sí reconoció el dirigente del Partido Popular que hay comunidades "que plantean la posibilidad de reabrir el debate sobre el porcentaje de déficit y todo está ahí, pero no hay ninguna información concluyente en relación a este asunto".
Lo que descartan rotundamente en este punto desde el Ministerio de Montoro es que ese objetivo de desequilibrio diferente, si finalmente llegara a aprobarse, "de ninguna manera" va a beneficiar a las autonomías que han incumplido el -1,5 por ciento previsto para 2012: la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña, con déficits que oscilan entre el 1,96 por ciento del PIB en las cuentas catalanas y el 3,45 por ciento en las de Valencia.
"Tiene que haber un reconocimiento para las comunidades que han cumplido" porque, además, "están en mejores condiciones para mantener la senda del ajuste fiscal", aseguran en Hacienda, en referencia a Cantabria, Madrid, Asturias, Extremadura y La Rioja, que han sido los alumnos que no sólo cumplieron sus deberes, sino que sacaron nota en el último ejercicio al reducir sus déficits por debajo de ese 1,5 por ciento comprometido.
A quienes no va a afectar el relajamiento en el objetivo de la consolidación fiscal es a las corporaciones locales, para las que se mantiene el déficit cero fijado en los Presupuestos del Estado.
Otra cosa es que se pudiera estudiar "un tratamiento individualizado" para algunos ayuntamientos en serias dificultades, como el de Jerez de la Frontera, aunque de momento no hay nada decidido sobre si, al final, se llevará a efecto ni sobre las posibles fórmulas a utilizar.
Déficit: A la espera de la decisión de Bruselas
