MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ha presentado ante el Ministerio de Economía y Hacienda la primera de las reclamaciones previas por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuyo importe asciende a 662.612,29 euros.
Desde que comenzó la crisis el pasado 9 de mayo Ausbanc ha exigido la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión y actitud negligente de la Administración en la crisis filatélica apoyándose en el cambio de criterio llevado a cabo por la Agencia Tributaria, pasando a considerar la actividad de dichas entidades como financiera y en la falta de regulación en el marco normativo del sector de inversión en bienes tangibles por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
La asociación informó de que los afectados se podrán sumar a la causa abierta durante un plazo de un año (a contar desde el 9 de mayo). Ausbanc Consumo recordó que se encargará del asesoramiento, organización y defensa de los derechos e intereses de los cerca de 3.000 afectados que ya representa, siendo cada damnificado quien deba presentar, individual o colectivamente, su reclamación patrimonial.
El ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado tiene el propósito de obtener la devolución íntegra de las inversiones realizadas por el conjunto de afectados, tratando de compensar, restañar o minimizar, en la medida de lo posible, el inmenso daño patrimonial causado.
Ausbanc Consumo considera que el Estado debe responder y materializar una idea de "solidaridad social", que se traduce en la obligación moral de proteger a quienes han experimentado una lesión (en este caso patrimonial) y que, por omisión y desidia, se transforma en obligación jurídica, al comprobar que el Estado pudo y debió evitar el nacimiento de dicha situación, producto de la concatenación de errores, negligencias y falta de previsión y actuación por parte de diferentes poderes y organismos públicos.
Para Ausbanc, el modo de ejercer y hacer efectiva esta responsabilidad, simultánea con los procedimientos penal y concursal abiertos e independiente de los mismos, es presentar una reclamación contra la Administración Pública responsable del servicio que ha fallado, en la que se fijará e individualizará el daño económico experimentado por cada afectado.
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