España mantiene una ratio deuda pública/PIB inferior a la media de otros socios europeos, como Italia, Francia, Reino Unido, Grecia, Irlanda o Portugal. Pero, según alertan los expertos, lo grave del caso español es el rápido crecimiento de ese volumen de endeudamiento, que se ha acelerado en un año en el que los mercados no han quitado ojo a las reformas en España.
Los analistas advierten, asimismo, de que las peores tensiones por el endeudamiento están por venir. De hecho, no hay más que ver que en sólo cinco años la deuda pública española ha aumentado en más de 445.000 millones de euros -desde los 436.984 millones de euros en 2008-, con el consiguiente incremento de los intereses derivados de esa deuda, que se disparan y ya se comen gran parte de los Presupuestos Generales del Estado. Así, por ejemplo, en 2013, el Gobierno prevé gastar la suma de 38.660 millones de euros en hacer frente al servicio de la deuda.
Todo ello, en un contexto económico marcado por los seis millones de parados, con el crecimiento del PIB estancado, en el mejor de los casos, y cinco años de crisis que han dejado exhaustos los bolsillos de familias y empresas.
¿Cuál es el panorama a corto plazo? Es lógico augurar que la deuda pública seguirá aumentando, ya que tanto el Estado, como las comunidades, los ayuntamientos y la Seguridad Social tienen francamente difícil enderezar la tendencia a gastar más de lo que ingresan. Un solo dato refuerza esa idea: los Presupuestos Generales del Estado prevén un umbral de deuda del 85,8 por ciento del PIB para diciembre de 2013, que es un nivel que casi se habría alcanzado a finales del pasado ejercicio.
Como es lógico, en un momento de constantes tijeretazos al gasto público, cuanto más dinero se destine al servicio de la deuda, menos recursos quedarán para partidas básicas como sanidad, educación o inversiones.
Y no se puede olvidar que el pago de los intereses de la deuda es sagrado, tal y como fijó la reforma de la Constitución introducida en agosto de 2011 y pactada por socialistas y populares.