Sevilla, 20 jul (EFECOM).- Los trabajadores de Astilleros de Sevilla cortaron hoy la rotonda de acceso al Puerto y anunciaron nuevas movilizaciones en contra del acuerdo de la SEPI de vender la factoría a Astilleros de Huelva, que consideran "antidemocrático, dictatorial y fascista", y para exigir al Gobierno que "rectifique".
Tras leer en asamblea los acuerdos adoptados por el comité, unos 200 operarios cortaron a las 10.30 la carretera de la esclusa y marcharon en manifestación desde el astillero a la rotonda del Batán (Puerto Oeste), donde quemaron neumáticos y, ante una gran presencia policial, bloquearon durante una hora la salida y entrada al Puerto.
Los trabajadores de Izar en Sevilla, unos 190 de plantilla y una treintena de la industria auxiliar, rechazaron "categóricamente la decisión unilateral" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de adjudicar la factoría, una de las cuatro civiles de ese grupo público, a Astilleros de Huelva en una "privatización dura y pura".
En su marcha de un kilómetro hasta el acceso al Puerto, tras una pancarta con el lema "Astilleros solución. No a la adjudicación", los manifestantes corearon consignas como "No a la represión, Astilleros solución", "Zapatero, embustero" o "Huelva escucha, Astilleros está en la lucha", sin que se produjeran incidentes.
Durante la protesta, que se desarrolló de forma pacífica, hubo un fuerte dispositivo policial desplegado en los alrededores, con un grupo de Antidisturbios y otros agentes que estuvieron apostados en un puente cercano a la vía de la esclusa y en la rotonda del Puerto, para evitar que los trabajadores pudieran dirigirse a la SE-30 y cortar esta ronda de circunvalación, sin que al final intervinieran.
En rueda de prensa, el presidente del comité de Astilleros, Gregorio Mora, leyó los acuerdos de rechazo a la venta aprobada por la SEPI, en los que denuncian "una vez más la actitud prepotente y antidemocrática" de la sociedad que preside Enrique Martínez Robles.
Los representantes sindicales anunciaron que seguirán con las movilizaciones los martes y jueves de julio, con una donación de sangre colectiva prevista para la semana próxima ante la Delegación del Gobierno, en una alusión simbólica a que les están "quitando la sangre", mientras que, tras agosto, las retomarán en septiembre.
Según el comité de empresa, la SEPI ha faltado "a los compromisos firmados el 16 de diciembre de 2004 con los sindicatos y ha procedido a la venta sin el acuerdo necesario con las centrales sindicales, como recogía dicho acuerdo", que garantizaba la venta conjunta de los astilleros civiles y el mantenimiento del empleos.
En el escrito, los trabajadores de Sevilla instan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su día dijo que "ningún trabajador del astillero quedaría desamparado a su suerte", y al Consejo de Ministros a que no ratifiquen la venta unilateral y abran "un nuevo proceso de negociación en la búsqueda de soluciones que satisfaga a las partes, como se recogió" en el acuerdo de 2004.
También precisaron que el comité emprenderá "cuantas acciones jurídicas y sindicales considere oportuna" para frenar este "golpe de estado sindical y social", y así Mora y el secretario de CCOO en Izar-Sevilla, Enrique González Tagua, afirmaron que todavía "no tienen nada que hablar con Astilleros de Huelva".
Tras recordar que la Junta y el Ayuntamiento "tienen mucho que decir" y que el presidente andaluz, Manuel Chaves, aún no les ha recibido pese a que se comprometió a mediar en el proceso, añadieron que la empresa onubense será "bien recibida si trae algo positivo y hay acuerdo sindical", pues, si no, no habrá "paz social y laboral".
El comité culpó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, de actuar "represivamente" y de la detención y procesamiento judicial de dos trabajadores la pasada semana por los incidentes en el Ayuntamiento, por lo que pidieron la retirada de esas denuncias.
El portavoz del Colectivo Autónomo de Trabajadores (CAT), Enrique Sigma, rechazó la "adjudicación antidemocrática, prepotente y fascista" de la SEPI, y acusó al Gobierno, a Zapatero y a la Junta de no cumplir sus compromisos, por lo que seguirán "luchando" para que "rectifiquen y atiendan la voluntad de los trabajadores". EFECOM
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