El Gobierno prevé ahorrar unos 550 millones de euros con las últimas medidas adoptadas en el decreto ley de Medidas Urgentes en el Sistema Eléctrico y en el Sector Financiero, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero y que el próximo jueves será convalidado por el Pleno del Congreso.
Así consta en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que el Ejecutivo cifra en 330 millones de euros el impacto de la sustitución del IPC por el IPC a impuestos constantes sin alimentos ni productos energéticos para las retribuciones reguladas, a los que hay que sumar los 225 millones que se prevén ahorrar con la nueva regulación del régimen especial.
El primer cambio, el relativo al IPC utilizado, tiene como objetivo "utilizar un índice más estable que no se vea afectado por la volatilidad de los precios de alimentos no elaborados y combustibles domésticos. Para ello, el Ministerio de Industria ha decidido que la actualización anual de las retribuciones reguladas del sistema de energía eléctrica esté vinculada con el IPC a impuestos constantes.
Esto supondría que, en octubre de 2012 por ejemplo, se hubiera aplicado una inflación del 0,47% en lugar del 3,48% que marcó el IPC. Así, el Ejecutivo prevé ahorrar 42 millones de euros de transporte, 30 millones de distribución, 256 millones del régimen especial y 2 millones de euros del extracoste de generación de los sistemas especiales insulares y extrapeninsulares (SEIE).
