El gasto social se ha disparado en toda Europa como consecuencia directa del estallido de la crisis económica, que azota al Viejo Continente desde el año 2008. En concreto, las partidas destinadas a protección social se han incrementado el 11,6% entre 2007 y 2010, último ejercicio del que Eurostat registra cifras homogéneas a escala de la UE-27.
En total, estas partidas sociales han pasado de representar el 26,1% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo en el ejercicio 2007, a suponer el 29,4% al término de 2010, según los datos que figuran en la Oficina de Estadísticas de Bruselas.
Unas cotas de gasto disparado que no extrañan tanto si se tiene en cuenta que, a finales de 2010, las prestaciones de desempleo se comían en Europa la friolera de 208.000 millones de euros, lo que significa un alza del 33,2% en los tres primeros años de crisis económica global.
Ni que decir tiene que, con tasas de paro actuales de más del 26% que acaba de encajar Grecia y superiores al 25% en España -así lo refleja la EPA, aunque Eurostat apunta más alto, hasta el 26,6%-, además de la escalada general del desempleo en todos los Estados del Viejo Continente, la foto fija de las partidas destinadas a restañar las heridas causadas por la destrucción del empleo en Europa en 2011 y, sobre todo, en el 2012 recién acabado, será aún más dramática.
El desafío del envejecimiento
La proporción de gasto en protección social varía mucho de un país a otro. Por ejemplo, en 2010, Francia le consagró más del 30% de su PIB (30,8%), mientras Dinamarca dedicó el 33,3%, los Países Bajos el 32,1% y Alemania el 30,7%. Todos ellos, países que no han sufrido especialmente el embate de la crisis, y que, aun así, se han caracterizado por fuertes aumentos de sus sistemas nacionales de protección social.
Como parece lógico, los países del Este -las más recientes incorporaciones al club de los 27 europeos- son los que menos recursos destinan a proteger su entramado social. Es el caso de Rumanía, Letonia y Bulgaria, con menos del 20 por ciento de sus PIB empleado en este capítulo.
Las diferencias entre Estados son asimismo cuantiosas cuando se comparan los gastos sociales per cápita, que en 2010, por ejemplo, fueron casi ocho veces superiores en Luxemburgo que en Bulgaria.
En cuanto a las partidas del gasto social, las relacionadas con el envejecimiento de la población son las que ocupan el primer puesto en toda Europa. En efecto, las pensiones de jubilación, los retiros anticipados, las pensiones no contributivas, etc., consumen ya el 45 por ciento de los gastos totales de la UE-27. A continuación, figuran en coste la sanidad y los recursos que los países dedican a protección de la familia y la infancia. En cuarto lugar, consecuencia directa de la destrucción de empleo en toda la UE, aparecen las prestaciones de desempleo, con alzas espectaculares en países como España y Grecia.
Para complicar aún más este panorama, los países seriamente golpeados por la crisis de deuda están registrando descensos de la tasa de natalidad, lo que puede acelerar el envejecimiento de una Europa que sufre por el bajo crecimiento del PIB y el repunte del gasto público.
Fuentes de la UE estiman que de los 22 países europeos con datos comparables, 15 han registrado descensos de la tasa de fertilidad desde el inicio de la crisis. Los expertos aseguran que hace falta una tasa de fertilidad de 2,1 para mantener la población estable. Algo que puede complicarse en España, con el paro desbocado y una tasa de fertilidad en retroceso (1,36 en 2011 frente a 1,46 en 2008).
Esta caída de población, cada vez menos gente productiva y mayor número de mayores dependientes puede tener consecuencias no sólo para el crecimiento económico del país, sino también para sufragar un sistema de pensiones cada vez más hinchado.
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