La decisión tomada ayer por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de incoar expedientes sancionadores contra varias asociaciones de la industria alimentaria por un presunto pacto de precios ha levantado una verdadera polvareda de reacciones de toda índole. Mientras que los consumidores se han mostrado satisfechos, los acusados replican que no existe tal concertación. "Es una cortina de humo", asegura la Fiab.
Cortina de humo
De todas la réplicas a la decisión de Competencia, la más dura ha sido la de la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas (Fiab). En palabras de su presidente, Jorge Jordana, se trata de "una cortina de humo" para encubrir el hecho de que el Ejecutivo no ha sabido parar la subida de precios de los alimentos. "España tiene un diferencial del 20% más de inflación que el resto de los países europeos, pero eso lo tiene que explicar el Gobierno, no nosotros", expresó.
Según Jordana, se ha utilizado a la industria como "chivo expiatorio", cuando los verdaderos causantes del encarecimiento de los precios son factores como la escalada del petróleo y la escasez de cereales, que en el caso del maíz ha propiciado un incremento del 35%. Tras remarcar que en el sector de la alimentación española hay más de 32.000 empresas, de las cuales 8.000 están en la organización que preside, estimó que "es irracional pensar en pactos de precios con tantas empresas"
La Fiab acusó al Gobierno de abrir este expediente con la "excusa" de que "parezca que están haciendo algo" ante la subida del precio de los alimentos y cargó también contra la CNC. "No sé si actúa con la debida independencia o manipulada por el poder. Tengo mis sospechas", indicó. Así, Jordana aseguró que, una vez que concluya el expediente y se demuestre que la organización que dirige no tiene "nada que ver" dado que "no hay pruebas", pedirá responsabilidades políticas.
"Estamos muy tranquilos"
Algunas de las pruebas en las que se basa el dictamen del organismo regulador son la notas de prensa emitidas por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) en junio y agosto, en las que establecía unas subidas del precio de los huevos de hasta el 28 por ciento en términos interanuales. El argumento de la CNC es que dichas cifras no se correspondían con los datos oficiales y que su difusión derivó en posteriores escaladas en el valor de estos productos.
En su defensa, Inprovo ha afirmado que estas notas tienen que ver con su "apertura informativa" y que reunían "datos meramente informativos". Además, la organización considera que el objetivo de la CNC al dar a conocer sus actuaciones "antes de haber probado la existencia de las infracciones que investiga" es "el escarmiento público".
La Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo (Propollo), otro de los sancionados por la CNC, ha manifestado que el sector no tiene "nada que ocultar" y que están "muy tranquilos". En cuanto al hecho de que Competencia se base en notas de prensa para esgrimir su acusación, el presidente de esta asociación, Federico Félix, comentó que sus declaraciones acerca de los incrementos de precio se han entendido "como una especie de alerta para las subidas".
El dedo sobre los distribuidores
Por su parte, los productores consideran que el expediente es insuficiente. Desde la organización agraria Asaja han asegurado que "lo importante no debiera ser si se ha dado un acuerdo o no entre las partes para subir o bajar los precios, sino si la situación del mercado genera una relación de explotación que afecte a alguno de los eslabones de la cadena". En este sentido, la solución pasaría por aprobar "una Ley de Comercio sobre márgenes", declaró su presidente, Cristóbal Aguado.
El responsable de políticas de rentas y costes de COAG, Andoni Garcia, ha ido incluso más allá al señalar como responsables también a las grandes superficies. "Nos extraña que la CNC sólo decida abrir expedientes sancionadores a las patronales y no investigue la situación en la parte final de la cadena, la gran distribución, donde se concentra el beneficio final", afirmó.
Este argumento también lo defendió la Fiab, haciendo mención a la concentración de la distribución. "Lo advertimos cuando se fusionaron Pryca y Continente y cuando lo hicieron Eroski y Caprabo, que están operando en condiciones casi monopólicas, al menos en Baleares y Navarra", expresó Jordana.
García reiteró la "situación de abuso" por la que atraviesan los consumidores y los agricultores y ganaderos, que están recibiendo precios que no cubren los costes de producción. "La cadena no funciona y hace falta actuar", señaló García, quien consideró que el Gobierno está obligado a afrontar dicha situación.
Acuerdos improbables
Con esta investigación pretendía comprobar si los mensajes que se estaban lanzando desde distintos sectores, foros y asociaciones de la industria alimentaria estaban incitando el aumento de los precios de productos de primera necesidad como el pan, la leche o los huevos.
Tal y como indica su informe, de acuerdo a los datos recabados "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios", aunque sí se estima que éstas podrían constituir prácticas dirigidas a "restringir, limitar o impedir la competencia", en contravenencia con el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. El siguiente paso será instruir los expedientes en un plazo de 18 meses y decidir si se imponen sanciones.
La investigación de este organismo se ha respaldado con las denuncias efectuadas por diversas asociaciones de consumidores, como la que presentó la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) contra Propollo el 20 de octubre –antes de los registros-, Facua o la Unión de Consumidores de España (UCE). Desde estas plataformas, el sentimiento ha sido de "satisfacción", aunque opinan que aún queda mucho por hacer para regular los precios de los alimentos y controlar la inflación.
