Secretarios judiciales, abogados, sindicatos y organizaciones de usuarios se suman a la protesta y anuncian nuevos paros
Las organizaciones de jueces y fiscales, agrupadas en la Comisión Interasociativa -que integra las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias y las tres de fiscales- celebró ayer una huelga parcial de una hora en los juzgados de todas las capitales del país como protesta a las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Un paro que apoyaron abogados, sindicatos y organizaciones de consumidores y la mayor parte de las organizaciones de secretarios judiciales y que llega un día después del acto en Defensa de la Administración de Justicia celebrado este martes por un total de 18 colectivos y que forma parte de la hoja de ruta de protestas acordadas por los sectores judiciales.
La movilización fue convocada el pasado 28 de noviembre, cuando la Comisión anunció que no descartaba la celebración de una huelga el próximo enero si el ministro sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos y una reducción de sus días de permiso. Junto a esta reforma, la Ley de Tasas, que "limitará el acceso de los ciudadanos a la Justicia", o la falta de medios en la Administración centran las protestas.
Tras el acto del martes, el ministro atribuyó la oposición del sector a "intereses corporativos" porque "les hemos quitado la paga extraordinaria, y les hemos dejado los 18 días para asuntos propios en 12".
Por ello, muchos de sus representantes, como la jueza decana de Barcelona, María Josep Feliu, negaron ayer que las protestas tengan que ver con un "conflicto laboral" con el ministro. También el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, respondió a Gallardón aclarando que "esta protesta no es consecuencia de la eliminación de la paga extra de los funcionarios de Justicia, sino de la absoluta carencia de un modelo de Justicia por parte del Gobierno".
El Ministerio no realizó ayer ninguna estimación del seguimiento. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial, que señaló la "dificultad de calcular el porcentaje de jueces que ha parado su actividad".
