Gallardón achaca las críticas a la "irritación" y dice que no se penaliza cobrar una prestación indebida sino engañar para lograrlo
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han expresado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo al proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social alegando que busca criminalizar la percepción de prestaciones y dar cobertura legal a la 'amnistía fiscal'.
El portavoz socialista de Justicia, Julio Villarubia, ha afirmado que tras las palabras del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, en defensa de su propuesta se esconde la intención de dar "impunidad total a los defraudadores ricos", que tendrán "patente de corso para delinquir a su gusto". "Proponen el derecho penal de los ricos", ha insistido.
Además, el proyecto establece "rebajas de pena para quienes tienen dinero para pagar lo ya reclamado porque se le ha pillado" y, "lo más intolerable: crea un tipo nuevo para incluir a trabajadores, desempleados y pensionistas en el Código Penal hasta por infracciones mínimas".
REFORMA "IDEOLOGICA"
El diputado ha asegurado asimismo que el proyecto "da cobertura legal con el rango adecuado a la amnistía fiscal", y ha criticado aspectos concretos como que "la seguridad jurídica quedará gravemente afectada" al no fijarse claramente los periodos de prescripción; o que se altera el principio de prejudicialidad penal al "eliminarse el control judicial sobre la función recaudatoria", con lo que "podrán existir discordancias de difícil resolución entre el proceso penal y el administrativo".
"Esta reforma destila pura ideología, cuyo máximo exponente es el trato que da a los débiles frente a los poderosos. El PSOE se opone frontalmente a la tipificación de una conducta que, si bien merece el reproche social, no es merecedora de ser criminalizada equiparándola en la práctica al fraude de grandes defraudadores. ¡Qué vergüenza, señor ministro!", le ha dicho, en alusión a la "falta proporcionalidad de la pena" por el cobro de prestaciones.
Además, ha calificado la reforma de "ultraconservadora" y "escasamente democrática". "Es una ley injusta que defiende privilegios para los ricos y persigue a la mayoría de forma desproporcionada y abusiva, y posiblemente inconstitucional. Es una chapuza jurídica y una desvergüenza política y social que deben retirar hoy mismo", ha exigido.
"Si consuman este atropello sin precedentes contra la mayoría de la sociedad, esta ley injusta durará mientras ustedes duren con su mayoría absoluta en el Gobierno, no 24 horas más. Rectifiquen y no consumen este bárbaro atropello", ha concluido, acusando a Gallardón de "proteger a los delincuentes de cuello blanco" como, a su juicio, demuestran los indultos a condenados por corrupción.
RECHAZO A CONTENIDO Y FORMA
Por su parte, el diputado de IU-ICV-CHA Gaspar Llamazares ha asegurado que el rechazo al proyecto no se debe a un "prejuicio" contra el PP sino de "desacuerdos profundos" sobre forma y contenido.
"No nos podemos fiar del trámite parlamentario, porque nos pasan el rodillo. Ni siquiera cumplen con las formas, ni siquiera ha hablado con portavoces sobre aspectos fundamentales de la ley. Es un contenido insuficiente y discriminatorio y formas inaceptables", ha añadido.
A renglón seguido, ha explicado que el rechazo de su grupo se debe a que la reforma "tiene como objetivo fundamental criminalizar a los perceptores de prestaciones", mientras se amnistía a defraudadores y se les "suspende" el delito. "Rechazamos este proyecto porque responde al populismo punitivo y es contradictorio con la acción del Gobierno. Por una parte va la propaganda y, por otro, la política del Gobierno", ha dicho.
Así, ha reclamado una visión global de la respuesta punitiva y penitenciaria que se da a los comportamientos fraudulentos en lugar de tres proyectos de ley que fraccionan estas acciones, y ha lamentado que no se haya incluido ninguna referencia a la corrupción en esta normativa. A renglón seguido, ha pedido a Gallardón "menos sarcasmo" cuando habla de defender a los trabajadores tras haber "consagrado el empleo basura" con la reforma laboral.
RECHAZO POR IRRITACION
En su réplica, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la letra de su propuesta, asegurando que busca "proteger a los trabajadores de las conductas de los empleadores que, de forma sistemática, para enriquecerse, han abusado de todos y cada uno de sus derechos, han estado explotándoles".
Así, ha precisado que "la reforma no castiga a quienes consiguen una prestación indebida, sino a quienes engañan para conseguirla", que demuestran "un dolo, una voluntad de defraudar". "No es el hecho de percibirla indebidamente, sino de percibirla como consecuencia del engaño", ha insistido.
Por todo ello, ha replicado a los socialistas que fueron ellos los que legalizaron la regularización voluntaria de deudas mediante la excusa absolutoria, que crea problemas como el colapso de los tribunales según ha lamentado la Fiscalía en diversas ocasiones. Así, ha concluido que el rechazo del PSOE se debe a que "les hubiera gustado presentar este proyecto y les irrita que lo haga el PP".
"Sus argumentos no coinciden con su discurso político, y sigo pensando que existe cierta irritación política por que haya sido un Gobierno del PP el que ha levantado la bandera de la lucha contra el fraude de guante blanco, que haya ideado instrumentos eficaces para que las declaraciones pomposas y que se lleva el viento no hayan impedido que siga habiendo ese tipo de delincuencia", ha espetado, instando al PSOE a "sumarse a lo que es un auténtico clamor popular" en contra del fraude.
Con respecto a las acusaciones de "populismo punitivo", el ministro ha defendido la necesidad de "encontrar el equilibrio" entre "legislar a golpe de telediario" y "permanecer indiferente ante situaciones sangrantes que indignan a los españoles". "No legislemos para conseguir un titular ni hagamos que un titular consecuencia de la indignación social nos aísle de dar una respuesta, porque es nuestra obligación", ha zanjado.
APOYOS CON RESERVAS
El diputado del PNV Emilio Olabarria ha discrepado de los argumentos de PSOE e IU, pero ha lamentado que la reforma no incluya medidas para luchar contra la corrupción, una de las principales causas del "desapego" ciudadano hacia la política. Además, ha criticado que se reforme parcialmente el Código, porque le "priva de consistencia" y descompensa el sistema punitivo, y que se pretenda agravar el reproche al fraude mientras se mantiene una 'amnistía fiscal'.
La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha aplaudido la posibilidad de debatir el proyecto que han propiciado las enmiendas, aunque no las comparta, y ha esperado que el PP sea "más abierto y positivo" en la negociación con la oposición durante el resto de la tramitación porque "el texto es muy mejorable".
Mercé Pigem, de CiU, ha expresado el compromiso de su formación con la lucha contra el fraude, y ha opinado que la reforma conseguirá una "mayor efectividad" en este objetivo, pese a las "reservas" que mantienen y buscarán cambiar con enmiendas parciales.
Finalmente, el portavoz del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha defendido que la reforma tiene objetivos "oportunos" e "imprescindibles" porque "castigar a quien defrauda no sólo es razonable sino que además responde al clamor ciudadano".
Además, ha espetado a PSOE e IU que sus enmiendes "carecen de fundamentación" y no proponen alternativas, y les "coloca en una muy difícil situación de cara a la ciudadanía, a la que tendrán que explicar por qué se oponen radicalmente a que el fraude fiscal y laboral sea perseguido con la contundencia que se merece". "Lo que a ustedes no les gusta no es este proyecto, sino estar en la oposición", ha concluido.
