
La agencia de calificación Moody's ha rebajado entre uno y dos escalones la calificación de cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. Al mismo tiempo, la agencia ha confirmado las calificaciones del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia en 'Baa2', un escalón por encima de la nota que en estos momentos cuentan los bonos soberanos de España.
Por otro lado, Moody's mantiene la calificación para las regiones de Madrid, Castilla y León y Galicia en 'Baa3', en línea con la calificación de la deuda soberana española. Además, las calificaciones de la Comunidad Valenciana y de cuatro entidades relacionadas con el gobierno de Valencia se han sido confirmadas con un rating de 'B1'.
La decisión de la agencia de rating estadounidense de rebajar las calificaciones de cuatro regiones españolas como Andalucía ('Ba2' desde 'Baa3'), Castilla-La Mancha ('Ba3' desde 'Ba2'), Cataluña ('Ba3' ​​desde 'Ba1') y Murcia ('Ba3' desde 'Ba1') ha estado impulsada "por el deterioro en sus posiciones de liquidez", un hecho que queda demostrado en sus "muy limitadas reservas de efectivo a partir de septiembre de 2012" y "su significativa dependencia de las líneas de crédito a corto plazo para financiar las necesidades operativas".
Moody's también pone de manifiesto que Cataluña, Andalucía y Murcia deberán hacer frente a grandes amortizaciones de su deuda en el útimo trimestre de 2012, cuando los bonos emitidos en 2011 maduren.
Sin embargo, a este respecto, la agencia indica que tanto Cataluña, como Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla La Mancha "ya han pedido apoyo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cubrir sus necesidades de financiación durante el segundo semestre de 2012".
La agencia resalta que para que sus calificaciones a estas regiones españolas mejoren es necesario la estabilización o mejora de la deuda soberana y "unos planes acertados" de las administraciones regionales para restaurar su funcionamiento fiscal y tasas de endeudamiento.
Moody's advierte, sin embargo, que un mayor deterioro del entorno económico en España añadiría presión en la calificación de las deudas regionales y que cualquier signo de menor apoyo al Gobierno sería un factor negativo de crédito.